El subdelegado evita poner fecha otra vez a la demolición del Algarrobico

La resolución del conflicto del hotel de El Algarrobico, en Carboneras, vuelve a quedar suspendida en la ambigüedad temporal tras las últimas declaraciones del subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín. A pesar de que la vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero, anunció el pasado 10 de febrero a pie de playa la adopción de "medidas inmediatas" para la demolición del inmueble, el representante estatal en la provincia ha evitado este 29 de diciembre precisar un calendario para la caída del edificio, limitándose a señalar que se busca poner fin a la situación "más pronto que tarde".

Este escenario de indefinición choca frontalmente con el compromiso que la propia vicepresidenta y ministra de Hacienda contrajo a principios de año. En aquella comparecencia, Montero avanzó un plan que, según los plazos manejados entonces por el Ejecutivo, debía haber culminado en el derribo del hotel en un margen de cinco meses. Sin embargo, una vez superado ese horizonte temporal y finalizando el año 2025, el inmueble sigue en pie, lo que ha generado críticas por parte de la Comunidad Autónoma ante lo que consideran un incumplimiento de las promesas estatales.

El subdelegado ha admitido no tener preparada la actualización pormenorizada del estado de las negociaciones con la promotora Azata del Sol para fijar el justiprecio de la expropiación, aunque ha insistido en que la hoja de ruta sigue vigente. "La voluntad del Gobierno de España es que se ponga fin a esta situación, una situación que ya supera los 20 años de existencia", ha manifestado Martín, quien ha vuelto a calificar el hotel como un "monumento al urbanismo salvaje" en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. El proceso administrativo actual se centra en la expropiación de los 16.432 metros cuadrados que invaden el dominio público marítimo-terrestre, una superficie que representa aproximadamente el 40% del complejo.

Desde el Gobierno de España se ha defendido que el expediente es "complejo" y requiere de un rigor jurídico extremo para evitar nuevos reveses en los tribunales. El pasado mes de agosto, el Ejecutivo rechazó el recurso de la promotora contra la expropiación, lo que teóricamente aceleraba la toma de posesión de los terrenos. No obstante, el subdelegado ha reconocido que todavía no existe una fecha concreta para que las máquinas entren en la playa, trasladando parte de la responsabilidad a la Junta de Andalucía al señalar que "carece de sentido que se vaya a demoler la mitad", en referencia a que la Administración autonómica aún no ha iniciado la expropiación de la parte del hotel que queda fuera de la zona de servidumbre estatal.

Esta falta de concreción por parte del subdelegado se produce en un contexto de bloqueo institucional. Mientras el Estado español avanza en su porcentaje de propiedad, la Junta de Andalucía ha propuesto un "pacto por el Algarrobico" similar al alcanzado en Doñana para coordinar la demolición total y la renaturalización de la zona. Entre tanto, el hotel permanece como un símbolo de la parálisis administrativa, donde los anuncios de "intervención inmediata" realizados por el mismo Gobierno al que pertenece el subdelegado no se han traducido, por el momento, en un cronograma ejecutable para su desaparición definitiva del litoral almeriense.