Hoy, 28 de abril de 2026, se cumple el primer aniversario de un suceso que marcó un antes y un después en la seguridad infraestructural de nuestro territorio. Aquel fatídico apagón total que sumió en la oscuridad a todo el Estado español tuvo consecuencias especialmente severas en la provincia de Almería, donde la dependencia energética de su potente sector agroindustrial y el mantenimiento de servicios básicos se vieron seriamente comprometidos. En este contexto, Miguel Ángel Castellón, diputado por Almería en el Congreso y miembro de la comisión de investigación sobre este incidente, ha comparecido para denunciar la falta de transparencia y la ausencia de asunción de culpas por parte de las autoridades competentes y de Red Eléctrica.
Castellón ha recordado con dureza la magnitud de la tragedia ocurrida hace justo un año, subrayando que aquel episodio "cedió la vida de siete personas, provocó cuantiosas pérdidas millonarias en nuestras empresas y deterioró la imagen de nuestro país en todo el mundo, una losa de la que aún no hemos podido levantar". Para el representante del PP, la situación en la provincia de Almería fue especialmente crítica, afectando no solo al bienestar de los ciudadanos en sus hogares, sino también a la operatividad de grandes motores económicos como Cosentino o la red financiera vinculada a Cajamar, además de poner en riesgo la climatización y el riego automatizado de miles de hectáreas de invernaderos que sostienen la economía almeriense.
La crítica parlamentaria se ha centrado en la gestión del Ministerio de Transición Ecológica y la dirección de Red Eléctrica, encabezada por la exministra socialista Beatriz Corredor. Según las declaraciones del diputado almeriense, "un año después, el gobierno apenas nos ha dado explicaciones, solo ha arrojado botes de humo", insistiendo en que en la operadora del sistema "tampoco se han asumido responsabilidades, a pesar de que sabemos, y no por las explicaciones que ellos nos han dado, que sabían que el sistema era cada vez más frágil como consecuencia de su política energética sectaria". Castellón sostiene que la fragilidad del sistema era una realidad conocida por los responsables técnicos y políticos, quienes, a pesar de las advertencias sobre el aumento de este riesgo, "programaron un sistema con serias deficiencias y lo operaron al límite, intentando conseguir algún récord que algún día nos enteraremos para qué era".
El diputado ha lamentado que, transcurridos doce meses, persista el oscurantismo sobre las causas reales que llevaron al colapso del suministro, afirmando con contundencia que existe "cero explicaciones y cero asunción de responsabilidades por los responsables de aquel episodio que llevó a negro a toda España", señalando directamente al presidente del Gobierno y a la cúpula de Red Eléctrica.
La comisión de investigación en el Congreso continúa su curso mientras la sociedad almeriense demanda garantías de que un evento de tal gravedad no vuelva a repetirse. La falta de inversiones en infraestructuras de transporte eléctrico y el incremento de la inestabilidad en la red son puntos clave que el PP de Almería sigue poniendo sobre la mesa como causas subyacentes de un apagón que, más allá de las cifras macroeconómicas, dejó una profunda huella de inseguridad en la ciudadanía y en el tejido productivo de la provincia.
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