Corrupción, presión judicial, cloacas y deterioro institucional
Con el primer sorbo de café el marino comenta:
—Nos dijeron que 2 + 2 = 4, pero nuestros políticos aman la relatividad y no la de Einstein, por lo que el resultado depende de quién haga la suma.
Si una resolución judicial les incomoda es persecución y se etiqueta a los jueces como prevaricadores con toga, salvapatrias o «lobos solitarios» —Óscar López dixit—, lo que los iguala a terroristas y acusados de pretender derribar al gobierno «progresista».
Si la investigada es Begoña Gómez, la ministra portavoz Elma Saiz afirma que «hacer justicia» significa declararla inocente, si la presunción de inocencia es obligada, anticipar desde el gobierno cuál debe ser el resultado del juicio es una coacción política intolerable e impropia en un sistema garantista.
Discrepar de una sentencia es lícito, pero si políticos y el gobierno señalan, descalifican y etiquetan a los jueces entre aceptables o sospechosos es otra cosa y, si se anticipa qué fallo sería el «justo» acusando de tener intenciones políticas a los jueces, se atenta contra la separación de poderes, se erosiona la democracia y se elimina el contrapeso de poderes, lo que devalúa la democracia para acercarse a la autocracia.
La presión no termina en las palabras, como se ve con los jueces Juan Carlos Peinado, Beatriz Biedma, el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón o los mandos de la UCO que han aparecido en distintas diligencias como objetivos de búsquedas de información, maniobras de descrédito o intimidación.
La profesora interviene:
—Mientras Sánchez y sus liliputienses disparan contra los jueces, Pedraz investiga las cloacas del PSOE que encabeza Leire Díez y apunta a una presunta estructura para buscar información contra magistrados, fiscales y mandos de la UCO. La propia UCO sitúa como objetivo último «proteger los intereses» que afectaban directa o indirectamente al Ejecutivo, al presidente y su entorno familiar.
Se suman las condenas de 24 y 19 años respectivamente de José Luis Ábalos y Koldo García, por las mascarillas, amaños de obra pública, comisiones o pagos en metálico; a las que les sigue la causa de Santos Cerdán —con la gerente del PSOE que lo señala como el responsable de pagos— y promete ser sabrosa, a la espera de la pieza bajo secreto que mantiene el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional sobre posible financiación irregular del PSOE entre 2017 y 2024.
El oscuro horizonte judicial de Zapatero —que podría haberse dedicado a sus zapatos— porque la «herencia de familia» y «sin ánimo patrimonial» tasada en 1.323.915 euros, ahora declara ante el juez Calama que fue un regalo personal del rey Abdalá de Arabia Saudí en 2007, aunque 2 años antes, su Gobierno aprobó un Código de Buen Gobierno que le obligaba a rechazar regalos o incorporar los relevantes al patrimonio público, como si hizo con 2 relojes. Si fueron regalos institucionales, no eran suyos, si eran personales, tendría que haberlo declarado fiscal y patrimonialmente al abandonar el cargo de presidente.
El marino continúa:
—Puede que haya prescrito y evite la acusación de contrabando, pero ese referente moral y contador nubes queda retratado con una caja fuerte con más de un millón de euros en joyas.
En esta etapa «progresista» se han retorcido leyes, el orden jurídico y ha servido para ver como una condena puede negociarse, aunque solamente si afecta a la «estirpe» política, como en el procés, con dirigentes condenados por sedición y malversación indultados o los culpables de los ERE andaluces, amnistiados por el Tribunal Constitucional.
Parece que la igualdad ante la ley es moldeable si los condenados son necesarios para investir a Pedro Sánchez, otra enseñanza del «progresismo».
Este relativismo ético con la ausencia o desplazamiento de las líneas rojas permite una implantar en la política zona gris —otra aportación del «progresismo— que favorece la corrupción y que se extienda a niveles nauseabundos.
La profesora añade:
—La llamada Ley de Nietos no dice que cualquier español que hubiera salido del país entre 1936- 1955 era automáticamente un exiliado político, por una instrucción administrativa Sofía Puente —hermana de Óscar Puente—, permite extender de hecho el acceso a la nacionalidad a supuestos que no contemplaba la ley.
La suspensión cautelar del Supremo, automáticamente, ha provocado un ataque frontal a los jueces, en un acto que no debería haber tenido repercusión, lo que ha aumentado las sospechas de que es un instrumento utilizado para influir en el censo electoral.
Si hay dudas, se disipan escuchando a Lorena Suárez, en 2023, la secretaria general del PSOE en Argentina, pidiendo fotocopias de pasaportes para «buscar votos», incluido «el de tu tía, la que se murió». Una denuncia grave.
El viejo marino remata:
—Estamos lejos de aquel «no creemos en la democracia como valor absoluto. Tampoco creemos en la libertad», aunque el ADN marca el ejercicio del poder y el refranero es sabio «la cabra tira al monte»
