Ya que ha pasado la Semana Santa sería bueno que se planteara una reflexión seria sobre la vinculación institucional de las administraciones públicas y la Iglesia, y hacerlo desde la coherencia y la aplicación del mandato constitucional de que España es un “Estado aconfesional”, pero en el que debe haber una especial atención hacia la Iglesia Católica por ser la mayoritaria.
La verdad es que este es uno de esos asuntos en los que las posturas no parecen reconciliables, precisamente por estar ancladas en los extremos, cuando la realidad diaria es mucho más sencilla.
La Semana Santa, e incluso la Navidad, se celebran en fechas vinculadas a ritos paganos que nada tienen que ver con una datación exacta de los hechos que en ellas se rememoran, y hoy día se han convertido en parte de nuestra identidad cultural, una identidad cultural que es abierta y plural, y por tanto no debería ser excluyente.
Precisamente por ser parte de ese acervo cultural no hay nada criticable en que las cofradías reciban ayudas y se facilite su actividad por parte de las instituciones públicas. Si apartamos el aspecto religioso, no dejan de ser un polo de interés turístico, de mover mucho dinero, generar empleo y riqueza. Y esos beneficios nos llegan a todos, católicos y no católicos.
Ahora bien, de ahí, a que la institución municipal se convierta en parte esencial en las procesiones, va un trecho… o que lo haga La Legión, o los representantes del Gobierno estatal. Es más, hasta llama la atención que las procesiones en general tenga una profusión de banderas españolas y el himno estatal sea una constante, y no suceda lo mismo con las bandera e himnos autonómicos… sin duda eso también tiene un mensaje claro.
Una cosa es que un alcalde o un concejal, o una presidenta de Gobierno, acudan a una procesión a título particular, mezclados entre el resto de fieles devotos, y otra que figure en la misma en un lugar relevante en estricta vinculación al cargo público que le han dado las urnas de un Estado aconfesional, y en el que los votos le han venido de personas de la más variopinta adscripción religiosa ¡afortunadamente!
En Melilla, el delegado del Gobierno español es Abdelamalik El Barkani ¿debe ir a una procesión católica o no? Y allí mismo ha habido un presidente de la Ciudad Autónoma musulmán, Mustafa Aberchán, y a día de hoy el presidente del PP, Juan José Imbroda, tiene en su gobierno musulmanes y judíos… ¿debe Imbroda arrodillarse y rezar en la mezquita? Por eso la pregunta es qué pensaría cualquier votante si estos musulmanes se invistieran de su poder institucional como representantes de toda la ciudadanía cuando acuden a un acto religioso islámico o hebreo, y no como simples creyentes.
Incluso en Estados Unidos, donde a pesar de la gran libertad religiosa que existe, los presidentes hacen expresión pública de su asistencia a actos de culto, siempre acuden como creyentes, no como presidentes.
Aunque algunos no quieran verlo, los Reyes Católicos y Franco, hace mucho tiempo que están muertos, y no se puede pedir respeto para dar una trato especial –de privilegio- a la Iglesia Católica acogiéndose a la Constitución, e ignorar la aconfesionalidad que también aparece escrita, y que eso pasa por no usar al Ejército en eventos de este tipo, por ejemplo.
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