En una entrevista con el Fiscal Anticorrupción de Almería, hace ya unos años, le pregunté por si todos los delitos de corrupción son iguales, y su respuesta, pese a lo obvia, parece que no acaba de ser asumida por quien debe hacerlo, los políticos, ya que de lo contrario dejaría de ser un arma electoral, que al final es de lo único que se trata.
Contestó que nunca había dos delitos iguales, y que por eso cada cual tiene una pena distinta, y que además, las circunstancias en que se producen dos hechos iguales, también los hacen diferentes, y por tanto eso también se refleja en la condena.
Cualquiera diría que eso es de una simplicidad comprensible por cualquiera, pero lo cierto es que los políticos lo distorsionan hasta el límite. Si les pillan a ellos, aunque se con las manos en la masa, hay que reclamar la presunción de inocencia, pero si eso mismo ocurre en los del otro lado, debe entonces ser expulsado de la vida política… y eso pasa con la mera sospecha, hasta el punto de que hemos visto en la Diputación de Almería como un imputado pedía la dimisión de otro imputado, y años después resulta que el peticionario está condenando en sentencia firme y fuera de la política, y al que le pedían dejar el cargo vio como el caso se archivaba.
Pero otro aspecto no menos interesante es el de cuando es el momento en que un político debe dejar su puesto –y qué puesto ¿el público? ¿el orgánico? ¿ambos? ¿ninguno?- si cuando le investigan, o cuando le abren juicio oral –cuando hay acusación formal para sentarlo en el banquillo-, o cuando es condenado en primera instancia, o al final de los recursos.
El hecho es que eso se podría regular legalmente, pero bien es verdad que puede generar enormes injusticias, ya que se puede imputar a alguien, que deje el cargo y un mes después se archiva el sumario. O sigue, y al final es inocente.
Más curiosa es la cuestión de a qué hay que aplicar esto. Aunque oigamos hablar de delitos de corrupción lo cierto y verdad es que no existe tal cosa (así lo expresa también el fiscal en la entrevista) de modo explícito, por tanto siempre es opinable si algo denunciado es corrupción o es otra cosa.
Y ahí es donde nuevamente los políticos se agarran para no dejar la silla. Insisten en que obligarán a dejar el puesto a los suyos si son imputados por corrupción… cuando no se puede ser imputado por corrupción porque la corrupción en sí misma no está tipificada como delito.
Más llamativo es el hecho de que se otorgue a los delitos relacionados con la corrupción (eso sí) la maldad exigida para reclamar una dimisión. Tal vez piensan los políticos que un presunto malversador debe dejar de ser concejal, por ejemplo, o consejero… pero no debe hacerlo si le investigan por el desfalco en una empresa privada que dirigió, o si es un maltratador o un pederastra…
Y si alguien piensa que a sospechoso de maltratador se le debería pedir también la dimisión, la pregunta es si habría que hacerlo con un condenado por agredir a un concejal o a un policía… o depende entonces de los motivos de la agresión que por tanto es como justificar la violencia.
Y si se condena a los fascistas que asaltaron la librería Blanquerna ¿debería ser cesada la concejala que asaltó una capilla católica… o nuevamente depende de los motivos y las personas y no del hecho en sí mismo?
Algunos piensan que a los ciudadanos nos debe repugnar más un corrupto que un violador… o incluso que un asesino o un secuestrador. Se propugnan leyes y reglamentos internos en los partidos para impedir que un investigado por cohecho siga en política, pero ninguna ley impide que alguien que ha matado a personas pueda ser presidente.
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