El espectáculo protagonizado por la parlamentaria socialista Marisa Bustinduy en la Comisión de Investigación sobre los Fondos de Formación Profesional para el Empleo el pasado lunes es, cuando menos, y haciendo gala de la delicadeza que a ella no le acompaña, repugnante.
Esa repugnancia –palabra que no sólo significa asco, sino también “aversión que se siente o resistencia que se opone a consentir o hacer algo- comenzó con el trato que le dio a un sencillo alumno de estos cursos de formación, que tuvo los arrestos de dar su opinión sobre los mismos en un blog, y en una entrevista de televisión.
Bustinduy fue la Inquisidora Mayor del Reino, hasta el punto de que hubo quejas de otros parlamentarios –por ejemplo la almeriense de Ciudadanos, Marta Bosquet- que la acusó de “hostigar al testigo”.
Es absolutamente increíble que una parlamentaria cuestione el derecho de este ciudadano a opinar -¡que no a informar!- libremente sobre la que fue su experiencia, a que se haga eco en su blog de las informaciones periodísticas –las mismas que han llevado a que los tribunales abran las causas y han justificado la creación de esa comisión- que desvelaban el entramado de subvenciones y el descontrol de los cursos.
Bustinduy, la misma abogada defensora de este sistema de ayudas que –en el más inocente de los casos- deja en evidencia un total desorden en el procedimiento de adjudicación, seguimiento y justificación de los cursos de formación (¡pero si hasta a su propio conmilitón exconsejero Ojeda, le deben desde 2008 ayudas… ¡qué no será del anónimo empresario!), es implacable cuando ante ella quien se sienta es un ciudadano normal y corriente, que no es político, que no es empresario, que no es sindicalista… un tipo que cuando le pregunta ella por qué no denunció ante la Inspección o la Fiscalía, él le respondió que porque tiene que dar de comer a sus hijos. A eso, su señoría no pudo responder, claro.
El colmo fue cuando, reconociendo que no era objeto de la comisión, dejó caer que el alumno había sido entrevistado en 13TV –en Canal Sur… parece que no… que ahí lo de los cursos de formación no es un tema tan importante como la comisión de investigación que hay en la Comunidad de Madrid- y que no se sabía si había cobrado por ello… La insinuación –con el único fin de desacreditar al compareciente, un sencillo padre de familia que reconoció que tras cursos de formación como carnicero no sabía ni como se hacía un chorizo- tan solo es un insulto a la dignidad y a la inteligencia, pero claro, para saberlo, hay que tener algo de dignidad y algo de inteligencia. Por cierto, no cobró... que no es Sálvame, señora.
Curiosamente, esa actitud cambió radicalmente cuando ante ella estaba su compañera de partido y exdelegada –hoy asesora no se sabe de qué ni de quién en la Junta de Andalucía en Almería, pero cobrando muy bien todos los meses- Paqui Pérez Laborda.
Aquí fue distinto. La asesora se negó a responder, o dicho de otro modo, a colaborar con la comisión, pero eso a ella le pareció bien… y criticó que los grupos preguntaran. ¡Inaudito! O sea, ella sí se puede acoger a su derecho a no declarar, pero los grupos no debían haber ejercido su derecho a preguntar… ¡Pero si en el Congreso el Gobierno se ha negado a comparecer alegando que está en funciones y no debe hacerlo, y el PSOE se ha hartado de preguntar a una silla vacía!
En resumen, el alumno no tiene derecho a expresar su opinión, y la exdelegada sí tiene derecho a callar información… vale, lo vamos pillando.
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