Un sí a las personas

Los almerienses, como el resto de españoles, necesitan un Gobierno tras el 26 de junio que luche por devolver la dignidad a las instituciones públicas, poniéndolas al servicio de la ciudadanía e incluyendo la protección a las personas entre las prioridades de su agenda. Basta con hacer un repaso a la manera de gestionar por Rajoy dos asuntos básicos que marcan nuestro día a día para darse cuenta de la urgente necesidad de cambio.

Empecemos por analizar la situación de Ley de Dependencia, que Rajoy ha recortado sustancialmente para, así, cumplir de manera velada con la intención que expresó horas antes de las elecciones de 2011 de dejar aparcada la Ley aprobada por los socialistas. Tal es así que si las personas que hoy requieren de este apoyo en nuestra comunidad pueden contar con el mismo es gracias a que la Junta de Andalucía ha elevado la aportación que le corresponde del 50 al 80 por ciento para cubrir lo que el Estado no pone. Los datos hablan por sí solos: El PP ha dejado de destinar unos 60 millones a Almería para una Ley de Dependencia que beneficia a 17.000 personas, cuyas prestaciones han sido financiadas con 95 millones en 2015 por la administración andaluza.

Continuemos con el diagnóstico recordando las decisiones del PP con respecto a la lucha contra el desempleo, que azota a 81.600 personas en la provincia -la mitad sin subsidio-. Las claves de este apartado no son otras, lamentablemente, que la puesta en marcha de una nefasta reforma laboral y un no rotundo a un plan de empleo para Andalucía, que sí concedió a otras comunidades.
Con esos ejemplos, queda claro que Rajoy ha tomado el camino más fácil para afrontar tiempos difíciles recortando las políticas sociales, lo que ha generado cotas de desigualdad inaceptables. A diferencia de esa manera de actuar, un gobierno responsable habría aplicado medidas que contribuyeran a reforzar el sistema al tiempo que la protección de las personas.
Y eso es, precisamente, lo que se compromete a hacer Pedro Sánchez desde un Gobierno socialista que, además de cumplir con la Dependencia y de contribuir a crear empleo digno, dirá que sí a un ingreso mínimo vital para las familias que lo necesitan; a un sistema universal de sanidad pública o a un Pacto de Estado por la Educación, que conlleve derogar la LOMCE y el fin de los recortes en la escuela pública. Porque las cuestiones básicas no aceptan más tijeras.