El secretario general de Universidades de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, Ramón Herrera, ha reiterado la necesidad de que el Gobierno cumpla con su compromiso de financiación para la contratación de ayudantes doctores en las universidades públicas andaluzas. Esta exigencia se planteó durante la Comisión Delegada de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), celebrada recientemente en Madrid.
Herrera destacó que las convocatorias para incorporar a este personal comenzaron en septiembre de 2024, tal como estipula el convenio correspondiente. En este sentido, solicitó al Ministerio dirigido por Diana Morant que confirme la transferencia de fondos a las instituciones académicas andaluzas y que no descuente los pagos realizados en diciembre de 2024.
Compromiso del Gobierno Central
El secretario general también confía en que el programa ‘María Goyri’ financie adecuadamente las plazas de profesorado ayudante doctor desde el inicio del curso académico 2024/2025, y no solo desde la firma del convenio, que tuvo lugar el 20 de noviembre de 2024. Este acuerdo establece que el Gobierno central asumirá el coste de 468 plazas docentes durante un periodo de seis años, con una inversión inicial prevista de 6,52 millones de euros para cubrir los gastos entre septiembre y diciembre.
A partir del año 2025, se espera que esta cifra ascienda a unos 21 millones anuales. Además, se contempla la obligación de realizar las contrataciones durante el actual curso académico, es decir, del 1 de septiembre de 2024 al 30 de junio de 2025. Sin embargo, el Ministerio ha interpretado que este periodo debe reducirse en casi tres meses debido a la formalización tardía del convenio.
Prolongación y financiación adicional
En otro punto destacado, Ramón Herrera subrayó la importancia de extender la fase de incorporación para estos ayudantes doctores hasta finales de diciembre de 2025. Esta extensión permitiría a las universidades públicas andaluzas disponer de más tiempo para formalizar los contratos necesarios.
La selección para estas posiciones se realiza mediante convocatorias públicas, un proceso administrativo que puede prolongarse varios meses debido a los plazos oficiales requeridos para presentar candidaturas y evaluar documentación.
Por otro lado, Herrera también hizo hincapié en la necesidad urgente de que el Ministerio asuma el coste total del funcionamiento anual de los campus universitarios en Ceuta y Melilla, cuyo gasto se estima en aproximadamente 25 millones de euros. Actualmente, el Gobierno central solo aporta 9,08 millones anuales, lo que ha llevado a la Universidad de Granada (UGR) y a la Consejería a cubrir gran parte del déficit generado por este modelo financiero.
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