El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de casación presentado por Endesa Generación, S.A.U., que podría sentar jurisprudencia sobre la validez de los escritos presentados en papel cuando no consta la hora exacta de entrega. La decisión del Alto Tribunal llega tras un largo litigio con el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) por una tasa urbanística de más de dos millones de euros, vinculada a la instalación de sistemas de desnitrificación en la central térmica de la compañía.
La controversia se remonta a octubre de 2015, cuando Endesa presentó un escrito de subsanación ante el juzgado de Almería en papel, dentro del plazo legal de diez días, pero sin que constara en el sello de entrada la hora exacta de presentación. El escrito fue entregado el día 19, primer día hábil tras el vencimiento del plazo, lo que, conforme al artículo 135.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), permite presentarlo hasta las 15:00 horas. Sin embargo, al no constar la hora, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en su sede de Granada, interpretó que se había entregado fuera de plazo y declaró inadmisible el recurso, anulando así una sentencia favorable a Endesa dictada en primera instancia.
Ahora, el Supremo ha considerado que la cuestión tiene un “interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia”, al afectar a “un gran número de situaciones” y suscitar una posible “desigualdad en la aplicación judicial del Derecho”. En concreto, la Sala deberá pronunciarse sobre si puede presumirse que un escrito en papel fue presentado fuera de plazo cuando no consta la hora exacta en el sello de entrada, a pesar de haber sido entregado dentro del día hábil previsto por ley.
El caso plantea una cuestión delicada: si la omisión de la hora en el sello de entrada —responsabilidad del funcionario encargado del registro— puede perjudicar al recurrente, afectando así a su derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24 de la Constitución. El Supremo también deberá valorar si esa interpretación contraviene los principios de seguridad jurídica, buena administración y el principio pro actione, que favorece una interpretación flexible de las normas procesales cuando está en juego el acceso a la justicia.
La decisión que adopte el Tribunal Supremo afectará no solo a Endesa, sino al conjunto de operadores jurídicos que, por diversas razones, siguen presentando escritos en soporte papel. Tal y como subraya el auto de admisión, existe jurisprudencia contradictoria entre distintos tribunales superiores de justicia, lo que refuerza la necesidad de un pronunciamiento claro y unificador.
Además, el Alto Tribunal ha rechazado pronunciarse en esta fase sobre otra cuestión planteada por la recurrente —la posibilidad de que un tribunal de apelación aprecie de oficio una causa de inadmisibilidad ya descartada por el juzgado de primera instancia sin dar oportunidad de subsanación a la parte afectada—, al considerar que ya existe jurisprudencia consolidada sobre ese extremo.
El recurso será tramitado y resuelto por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, y su resolución podría marcar un antes y un después en la interpretación de los artículos 135.4 y 135.5 de la LEC, en un contexto en el que la transición digital no ha eliminado por completo la documentación en papel en la justicia española.
De este modo, lo que empezó como una disputa local sobre una tasa urbanística en Carboneras ha terminado por abrir un debate jurídico de fondo que podría afectar al diseño mismo del acceso a la justicia en el Estado.
Agenda
Si (
No(
