Dos efemérides muy próximas en el calendario, como son el 4 y el 6 de diciembre, nos han recordado en estos días lo que ocurrió en Andalucía y en el resto de España hace más de cuarenta años. En 1977, los andaluces y andaluzas participaron en una multitudinaria manifestación para reivindicar el autogobierno y un año más tarde, en 1978, una abrumadora mayoría de españoles ratificó con su voto la Constitución.
Estos dos grandes logros nos unieron a una gran mayoría social en unos tiempos muy convulsos, con un régimen franquista que agonizaba y con un país sumido en una profunda crisis económica. Sin embargo, la esperanza y la ilusión con la que afrontamos aquellos procesos hizo que dejáramos a un lado las discrepancias y prevaleciera todo lo que nos unía.
Cuatro décadas después, conviene rescatar algunos de los objetivos que se plasmaron en el preámbulo de la Carta Magna, especialmente los referidos a garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico social y justo; proclamar como valores la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político o el establecimiento de una sociedad democrática avanzada.
La España de hoy poco o nada tiene que ver con la de 1978 y, pese al ruido y la crispación de los que nada tienen que ofrecer a los ciudadanos, la realidad es que somos el país de la zona Euro con mayor crecimiento, con el menor dato de paro en 15 años y con una buena orientación económica que nos permite crear empleo, riqueza y garantizar los servicios públicos.
Por lo tanto, cumplir con la Constitución es cumplir con los artículos que garantizan el Estado del bienestar, como la educación (art.27), la sanidad (art.43); la protección social, especialmente en caso de desempleo, (art.41) o el acceso a una vivienda (art.47) por parte de los poderes públicos, tal y como ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez durante las dos crisis consecutivas que estamos viviendo: la de la covid-19 y la de la guerra de Putin en Ucrania.
Convendría que el Partido Popular tuviera todo esto en cuenta a la hora de gestionar los recursos de los que dispone en los gobiernos autonómicos que preside, como es el caso de Andalucía, y que de paso cumpliera también con lo que dice el artículo 122.3 para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. O se está dentro de la Constitución o se está fuera de ella.
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