El juicio ha quedado visto para sentencia. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha ocupado el banquillo del Tribunal Supremo —una estampa inédita en la historia reciente del Estado— acusado de un presunto delito de revelación de secretos. El secreto en cuestión, como bien se sabe, no es otro que la difusión de la nota de prensa de la Fiscalía que contenía datos sobre las negociaciones de conformidad entre el abogado de Alberto González Amador (pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso) y los fiscales.
García Ortiz se enfrenta a una situación judicial extraordinaria. No dimitió cuando fue investigado, tampoco lo hizo al ser imputado y, finalmente, se ha sentado como acusado en el Supremo sin que el Ministerio Público que él mismo dirige ejerciera la acusación. Más aún, eligió ejercer su derecho de defensa en el estrado reservado habitualmente a la Fiscalía, un espacio físico junto a quienes —en una situación teórica e ideal— deberían haberlo acusado, pero que, por ser sus subordinados, pedían su absolución (no vaya a ser lo declarasen inocente y luego pudiera vengarse de ellos), al igual que la Abogacía del Estado, que debía defender los derechos del Estado, no los particulares Ortiz, por muy servidor del Estado que sea. La ley, pensada para fiscales de rango inferior, contempla que el imputado cause baja hasta la resolución del caso, pero a nadie se le ocurrió prever que el imputado pudiera ser el propio Fiscal General del Estado.
Más allá de la excepcionalidad procesal de ver al máximo responsable de la Fiscalía en el banquillo, lo verdaderamente previsible es el desenlace. Si hay una máxima en la que el aforado de alto nivel confía, es aquella que reza: "Juicios tengas y los ganes". Y en el caso de García Ortiz, el refrán se cumple por duplicado, pues el horizonte está despejado tanto si el Tribunal Supremo lo absuelve como si lo condena.
Si el Supremo, que ha visto cómo el juicio terminaba con el propio Ministerio Fiscal pidiendo la absolución de su jefe, falla a su favor, el asunto quedará zanjado de inmediato. El relato oficial será el de la victoria de la legalidad institucional frente a la "actuación desleal" y la instrumentalización política de la justicia, tal y como ha argumentado la defensa.
El escenario más interesante es el de una hipotética condena. Y es aquí donde entra en juego el factor decisivo: el Tribunal Constitucional (TC).
Si el Supremo dictara un fallo condenatorio, el fiscal general del Estado no tendría más que alzar la mirada hacia la cúspide de la pirámide judicial para encontrar la solución. Recurriría en amparo al Tribunal Constitucional, cuyo presidente es Cándido Conde-Pumpido.
El nombre de Conde-Pumpido, como se sabe en Andalucía y más allá, ya está asociado a la controversia en el ámbito de las altas esferas. Recordamos el caso de los ERE, la macrocausa de corrupción en la Comunidad Autónoma que supuso la condena, en primera y segunda instancia, de decenas de jueces, incluyendo al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y al Tribunal Supremo. El TC, bajo la actual presidencia, ha ido anulando condenas por malversación, argumentando una presunta vulneración de derechos constitucionales que nunca vieron tantos y tantos jueces y fiscales por los que pasó el asunto desde sus inicios (no lo vieron en primera instancia, en las audiencias provinciales, ni el el TSJA, ni en el Supremo... vaya pandilla de torpes!!!!).
La mecánica es sencilla y se ha visto ya: no importa si el Supremo dictamina una condena; el Constitucional siempre encontrará una grieta. Se esgrimirá que se ha vulnerado el derecho fundamental a la presunción de inocencia de García Ortiz, que el registro de sus despachos por la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) no fue proporcional, o cualquier otra vía argumental que sirva de coartada para levantar la sentencia. El fin último es la absolución.
El precedente de los ERE es una brújula en esta situación. Si para un caso que pasó por decenas de togas, desde los juzgados de instrucción de Sevilla hasta la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y que contó con condenas firmes, se encontraron argumentos para 'levantar' sentencias por vulneración de derechos fundamentales, ¿qué no se encontrará para el actual Fiscal General del Estado?
El mensaje es claro y resuena en los despachos con moqueta del Estado: el sistema judicial, en sus más altas cotas, parece tener un seguro a todo riesgo incorporado. Pase lo que pase en la sentencia del Supremo, la última palabra la tendrá la institución que preside Pumpido, y esa palabra, sin género de duda, será de tranquilidad para Álvaro García Ortiz.
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