Estamos más que acostumbrados a que nos vendan espejismos —desde el soterramiento del tren hasta el agua que nunca sobra—, pero asistimos estos días a un espectáculo de variedades jurídicas en el que el guion es recurrente: un "arrepentido" decide cantar la traviata ante los tribunales, y de repente, la verdad oficial se convierte en una cuestión de fe ciega o de odio africano, dependiendo de qué color sea el carné que el espectador guarde en la cartera.
La función principal la protagoniza Víctor de Aldama. El conseguidor, ese hombre que parece haber estado en todos los despachos donde se repartía algo más que café, se ha presentado en la sede del Tribunal Supremo para señalar directamente al séptimo piso de la Moncloa. Según su testimonio, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, no era un espectador ajeno, sino el "número 1" de una presunta trama criminal dedicada a lucrarse con la adjudicación de contratos públicos. Todo esto, supuestamente, orquestado desde el Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos, con Koldo García Izaguirre haciendo de guardia de corps y Víctor de Aldama de hilo conductor entre lo público y lo ajeno.
El problema, para desgracia de los amantes de las sentencias rápidas, es que Víctor de Aldama ha soltado la bomba sin aportar el detonador. No hay, de momento, un solo papel, un mensaje de texto o una grabación que sostenga que Pedro Sánchez conocía o participaba en el reparto de sobres. Es su palabra, nada más. Y aquí es donde la cosa va por barrios: nos piden que creamos a un señor que se autoimplica en una red delictiva como si fuera un monaguillo en plena confesión, esperando que el Tribunal Supremo den por bueno el "me lo dijo un pajarito" en versión judicial.
Pero lo más divertido de esta España polarizada no es el testimonio en sí, sino el ejercicio de amnesia selectiva que practican los tertulianos de guardia. Mientras la bancada de la derecha eleva a Víctor de Aldama a la categoría de profeta de la verdad, olvidan —o prefieren no mencionar— que en otra sala de máquinas judicial se está cocinando el juicio de la Operación Kitchen. Allí, el protagonista es Luis Bárcenas, antiguo tesorero del Partido Popular, quien le tiene una fe jurídica inquebrantable a Mariano Rajoy.
Luis Bárcenas sostiene que el ex presidente del Gobierno y la cúpula del PP montaron un operativo parapolicial, pagado con fondos reservados, para robarle documentos comprometedores mientras la justicia investigaba su fortuna en el extranjero, cifrada en unos 48 millones de euros. Al igual que el conseguidor del caso Koldo, Luis Bárcenas no ha presentado una prueba de cargo definitiva que vincule a Mariano Rajoy con la orden directa de asaltar su casa. Su argumento es puramente lógico: "esto no lo montan cuatro policías por su cuenta". Y tiene razón en la lógica, pero en derecho, la lógica sin pruebas es solo literatura.
Resulta fascinante observar cómo el mismo opinador que tacha a Víctor de Aldama de mentiroso compulsivo y "preso desesperado", abraza el testimonio de Luis Bárcenas como si fuera el Evangelio. Y viceversa. Los ciudadanos vemos este combate de barro con la distancia del que ya está curado de espanto.
Ambos relatos, el de Víctor de Aldama contra Pedro Sánchez y el de Luis Bárcenas contra Mariano Rajoy, resultan verosímiles. Es creíble que en las estructuras de poder del Estado se instalen parásitos que se creen impunes. Es creíble que un ministro o un presidente miren hacia otro lado o, peor aún, empujen el sistema hacia el abismo. Pero la justicia no es una tertulia de radio a las diez de la mañana. Sin pruebas, Víctor de Aldama es solo un tipo intentando salvar el cuello y Luis Bárcenas un hombre resentido buscando venganza. Lo triste es que, mientras en Madrid se lanzan los trastos a la cabeza con testimonios de dudosa carga probatoria, aquí seguimos esperando que la rigurosidad llegue también a las inversiones ferroviarias. Pero claro, eso no da tantos titulares como un "arrepentido" en el Tribunal Supremo.
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