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El Grupo provisionó 200 millones de euros que es el importe máximo estimado que tendría que afrontar de aplicarse retroactivamente la devolución de cantidades a la totalidad de sus operaciones hipotecarias con consumidores, incluidas las afectadas por la Sentencia del Tribunal Supremo

Había pedido el aplazamiento de ocho pagarés, y eso que solo un año y medio antes se ofrecían para cofinanciar el soterramiento del ferrocarril en la capital