Yebra destaca que la implicación política ha resuelto el caso del Residencia Vistaverde

El problema de las familias del edificio del Residencial Vistaverde parece haber entrado en su fase de resolución, según contaba en EL DEBATE de 7TV Almería el abogado Jesús Yebra, después de meses de incertidumbre, burofaxes ignorados y un desahucio anunciado para el pasado 5 de junio. Lo que empezó con 15 inquilinos “escandalizados, llorando” ante la idea de quedarse en la calle, ha terminado con reuniones en Madrid, informes de vulnerabilidad y, por fin, la promesa de un alquiler social para quienes acrediten su situación.

Desde que la SAREB se adjudicara el inmueble en la subasta judicial, los arrendatarios se vieron sorprendidos por la orden de “no pagar el alquiler” a su promotor original, una situación que, al preguntarlo directamente en el juzgado, les confirmó que no tenían obligación de seguir abonando la renta a quien lo estaban haciendo, pero no sabían entonces a quién hacerlo, y temieron que si dejaban de pagar, podían ser expulsados de sus viviendas. Fue entonces cuando contactaron con Yebra —que tiene despacho en Aguadulce— para “organizar un poquito todo el caos”.

El letrado explica que, al personarse en el juzgado, verificó que “la subasta venía de Bankia” y que el edificio pasaba a manos del Sareb, por lo que instó un incidente en el procedimiento de ejecución hipotecaria para “estudiar la eficacia, la legalidad de esos contratos de arrendamiento”. Sin embargo, antes de que ese trámite avanzara, en mayo del año pasado recibieron un burofax de HipoGES —empresa gestora contratada por el Sareb— solicitando autorización y datos para un estudio de vulnerabilidad que podría abrir la puerta a un alquiler social.

A pesar de que los vecinos “no sabían ni quién era HipoGES ni a quién tenían que pagar”, Yebra decidió “ser transparente” y colaboró con el envío de autorizaciones e identificación de inquilinos. Pese a ello, los requerimientos se repitieron en octubre-noviembre y de nuevo en abril, obligando a formalizar el proceso por burofax certificado con acuse de recibo para asegurarse de que “no se nos quedara nada en el tintero”.

La verdadera urgencia llegó este mayo, cuando corrió el rumor de que el primer lanzamiento estaba programado para el 5 de junio. Yebra recuerda que, ante la cercanía de la fecha, “los vecinos estaban totalmente escandalizados, llorando… Se veían en la calle”. Para evitar un desahucio inminente, presentó de golpe toda la documentación en el juzgado y solicitó que se estudiara la eficacia de cada contrato, pero reconoce que “nadie quiere quedarse pendiente de una vista judicial indefinida; todos buscan regularizar su situación cuanto antes”.

Mientras tanto, Javier Rodríguez, presidente de la pequeña comunidad de inquilinos —que incluso llegó a constituirse como comunidad de propietarios pese a no ejercer sobre la titularidad— activó su red de contactos políticos. Primero contactó con concejales de Izquierda Unida y Podemos en Almería, quienes convocaron una reunión en su grupo municipal al día siguiente. “Nos atendieron sin rodeos y al salir de allí ya estábamos citados con sus grupos parlamentarios nacionales”, apunta Yebra.

La avalancha de apoyos se extendió al PSOE: el diputado nacional Juan Antonio Lorenzo asumió la causa, gestionó contactos ministeriales y facilitó correos urgentes al Ministerio de Economía, logrando que en cuestión de minutos el equipo estatal del Sareb respondiera a las peticiones. “Es triste tener que usar contactos extraoficiales para que se reconozca un derecho que ya está en la ley”, lamentó el abogado.

La guinda llegó este miércoles, cuando el responsable general del SAREB —el ente estatal que gestiona las viviendas adjudicadas— convocó una videollamada. En ella se coordinó el protocolo para evaluar cada caso: “Hay 53 apartamentos, todos con circunstancias distintas, así que se hará un estudio pormenorizado de la eficacia jurídica de cada contrato y, luego, un informe de vulnerabilidad en colaboración con los servicios sociales de Roquetas”.

Según detalla Yebra, quienes obtengan informe favorable pasarán a un alquiler social “ajustado a su capacidad económica y dentro de los límites del IPREM”, mientras que el resto verá otras fórmulas “dentro del mercado regulado”. El abogado avisa, no obstante, de un riesgo latente: “Si esto llegara a un fondo buitre, podrían encontrarse con una empresa ‘antiocupa’ en la puerta y una indemnización ridícula de 4.000 € para que se marchen”.

Con los contratos ya presentados en el juzgado y el compromiso firme de Sareb, Ayuntamiento y Parlamento, estas familias respirarán aliviadas. Yebra insiste en que “nadie debería pasar este calvario: son inquilinos legales, no ocupas, personas trabajadoras o jubiladas que solo quieren un techo”. A su juicio, el caso VistaVerde marca un precedente en la defensa del derecho a la vivienda, demostrando que “la unión de vecinos, abogados y representantes políticos puede convertir un desahucio inminente en la promesa de un hogar seguro”.