A disposición judicial los detenidos por el caso Mascarillas

La segunda fase de la operación judicial contra la presunta corrupción en la Diputación de Almería ha escalado hasta alcanzar la cifra de diez personas detenidas o investigadas, según confirman fuentes de la investigación. La principal novedad es que entre los nuevos investigados figuran una hermana y un hermano del presidente provincial, Javier Aureliano García, quien se encuentra detenido desde el martes.

Tras pasar dos noches en la Comandancia de la Guardia Civil, Javier Aureliano García, junto a los otros cuatro detenidos, serán puestos a disposición judicial este jueves en el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, a cargo de la jueza María Belén López.

Diez implicados y la vuelta de Óscar Liria

En total, la causa acumula cinco detenidos y cinco personas investigadas (anteriormente eran tres).

• Detenidos (5): Javier Aureliano García (Presidente de la Diputación), Fernando Giménez (Vicepresidente segundo), Rodrigo Sánchez (Alcalde de Fines), el hijo del alcalde de Fines, y un técnico de Obras Públicas de la Diputación.

• Investigados (5): Los hermanos del presidente García y otras tres personas, entre ellas el exvicepresidente tercero Óscar Liria.

Liria, ya detenido en la fase inicial del caso Mascarillas, vuelve al centro del procedimiento tras el hallazgo de documentación que lo relaciona con una de las empresas investigadas durante los registros, lo que ha motivado que el juez ordene su nueva investigación.

La UCO intensificó la búsqueda de documentación el miércoles con un nuevo registro en el Ayuntamiento de Fines, sumándose a los diez registros simultáneos realizados el martes en viviendas, oficinas públicas y sedes de sociedades presuntamente vinculadas a la trama, en una operación que se prolongó por más de diez horas bajo la supervisión del teniente coronel Antonio Balas.

Escenarios legales de la "vistilla"

El auto que autorizó las detenciones es contundente, señalando que existen "sospechas fundadas de la comisión de unos hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales". Los indicios apuntan a que los implicados "habrían colaborado o facilitado adjudicaciones fraudulentas" a empresas a cambio de comisiones, afectando a contratos tramitados tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento de Fines.

Tras declarar ante la jueza María Belén López, los detenidos se enfrentarán a distintos escenarios legales en la conocida como "vistilla":

1. Libertad provisional con cargos: La jueza podría decretar su puesta en libertad con medidas cautelares, como comparecencias periódicas en el juzgado, retirada de pasaporte o fianza.

2. Prisión provisional eludible bajo fianza: Ingreso en prisión si no se abona la cantidad estipulada por la jueza.

3. Prisión provisional incondicional: Ingreso directo en prisión sin posibilidad de fianza.

El juez sostiene que, aunque algunos detenidos no intervinieron directamente en las adjudicaciones, sí lo habrían hecho en la "canalización de fondos ilegales hacia el circuito económico legal", una conducta que encaja en el delito de blanqueo de capitales. Para reconstruir este circuito, el Juzgado ha autorizado a la UCO a volcar y visionar comunicaciones privadas de los dispositivos intervenidos y ha ordenado medidas de aseguramiento patrimonial sobre los investigados, incluyendo cuentas bancarias y bienes muebles e inmuebles.