La política exterior del Estado español ha vuelto a dibujar una línea dolorosa, una que desde Almería se observa con la familiaridad del desengaño. Me refiero a la última voltereta diplomática que, bajo el eufemismo de una solución "realista" y "creíble", ha abrazado la propuesta de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, un territorio que, para las Naciones Unidas, sigue siendo no autónomo y con España aún como potencia administradora.
Existe una verdad que la memoria histórica española no debería permitir que se erosionase: el vínculo emocional y humano con el pueblo saharaui. No es una mera cuestión geográfica; es una conexión nacida de la historia colonial y, sobre todo, de la promesa truncada de autodeterminación. Quienes hemos conocido a los saharauis en sus campamentos o como vecinos en el Estado español, sabemos de su nobleza, su cercanía y su profundo afecto hacia lo que consideran, con razón, una cultura hermana.
El argumentario de la traición es largo y transversal, abarcando espectros ideológicos que históricamente se han declarado amigos de la causa. Desde la figura del Rey Juan Carlos I, cuyo papel en los Acuerdos de Madrid de 1975 ha sido objeto de una profunda controversia histórica, hasta el expresidente del Gobierno de España, Felipe González, y el ex Presidente del Congreso de los Diputados y exministro de Defensa, José Bono, ambos referentes del socialismo que en algún momento mostraron una retórica firme en defensa del referéndum de autodeterminación, y ahora no son más que rehenes de sus intereses inconfesables en manos del sátrapa. Y la derecha trufada de una islamofobia y un racismo que roza lo vomitivo, lejos de ser un baluarte incluso de la "españolidad" de los saharauis o al menos de su no marroquinidad, ha perpetuado la inacción o ha coqueteado con el pragmatismo, desde gobiernos anteriores del Partido Popular hasta las más recientes manifestaciones de líderes de VOX, cuyo discurso es caótico en este tema porque si el PSOE apoya a los saharauis y al Frente Polisario, malo, y si no lo hace, malo también, a menudo se centra más en la gestión migratoria que en el principio innegociable de la libre determinación. Luego serán Ceuta y Melilla, y Canarias, y Andalucía... pero Mohamed VI paga bien la traición a izquierda y derecha.
La vil cesión del actual Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez (PSOE), al avalar la iniciativa marroquí ante el Rey de Marruecos, Mohamed VI, en marzo de 2022, marcó un punto de inflexión. Aunque el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Estado español, José Manuel Albares, ha intentado matizar la postura en foros como la ONU, la esencia del cambio es cristalina: el Estado español ha renunciado, de facto, a su histórica defensa del referéndum de autodeterminación.
Es fundamental insistir en el principio jurídico: el Sáhara Occidental jamás fue territorio marroquí. La Corte Internacional de Justicia de La Haya lo dejó claro en su dictamen de 1975. Marruecos mantiene una ocupación de facto, que es rechazada por el derecho internacional. La reciente resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que prorroga la misión MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental) y apoya las negociaciones "sin condiciones previas", tomando como base el plan marroquí, es vista por muchos —incluido el Frente Polisario— como una marginación de la vía de la autodeterminación, un giro impulsado por los intereses geopolíticos que no hacen sino consolidar una injusticia histórica
La traición al principio de libre determinación tiene también una resonancia muy tangible en nuestra provincia. El alineamiento del Estado español con la tesis marroquí abre la puerta a una competencia desleal que golpea directamente el corazón de la economía de Almería: la agricultura intensiva y la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La trampa se esconde en el etiquetado y el comercio. Desde hace tiempo, las organizaciones agrarias almerienses, como COAG Almería, han denunciado el fraude que supone la entrada de productos, especialmente tomate y otras hortalizas, procedentes de las zonas ocupadas del Sáhara Occidental. Estos productos se benefician de las ventajas arancelarias del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos, a pesar de que la justicia europea ha puesto en duda su legalidad al no contar con el consentimiento del pueblo saharaui.
El problema es palmario: el producto saharaui no está sometido a los mismos estándares sociolaborales, fitosanitarios o ambientales que sí se exigen a los agricultores de la provincia de Almería. Esto supone un golpe brutal a la rentabilidad de nuestras explotaciones. Es una situación donde la diplomacia del Estado, al ceder a las presiones de Marruecos, castiga con competencia desleal a sus propios productores, a los que sostienen con esfuerzo el 'Mar de Plástico' que alimenta a Europa. Se vende la dignidad de un pueblo sin voz a cambio de una supuesta estabilidad en la relación bilateral, y la factura la pagan tanto los saharauis en los campamentos como los trabajadores del campo en Almería.
Es una doble traición: moral y económica. Y es un espejo roto que nos obliga a mirar con crudeza las prioridades de nuestro Estado: la ética y el derecho internacional parecen sucumbir, una vez más, ante el frío cálculo de los intereses geopolíticos y comerciales inmediatos. La pregunta que queda flotando sobre la provincia es si seguiremos permitiendo que la dignidad se negocie a costa de nuestro futuro.
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