La Sala de Apelación Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Granada, ha confirmado la condena impuesta por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería a tres personas que formaban la Junta Directiva de una asociación cannábica con sede en Aguadulce, en el municipio de Roquetas de Mar. Los condenados, que ejercían como presidente, secretario y tesorero de la entidad, fueron hallados culpables de un delito contra la salud pública y otro de asociación ilícita. Además, uno de ellos fue condenado por un delito de atentado con empleo de instrumento peligroso. El procedimiento original se instruyó en el Juzgado de Instrucción número 5 de Roquetas.
La asociación, inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía en virtud de una resolución del Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería de noviembre de 2019, operaba formalmente con fines medicinales y terapéuticos, buscando la legalización del cannabis y la aportación de información a sus socios. Sin embargo, la sentencia recoge que, al menos desde marzo de 2017, sus miembros ya habían utilizado previamente otra forma asociativa denominada "Asociación Terapéutica Almeriense RTRO". Pese a que los estatutos de la asociación desmentían expresamente tener por objeto el cultivo, elaboración, tráfico o facilitación del consumo de drogas, se ha probado que la Junta Directiva se dedicó, de común acuerdo y desde marzo de 2017, a la distribución, facilitación y venta indiscriminada de marihuana y hachís a los consumidores que acudían a diario a las instalaciones, ya fuera para consumo en el local o para su simple adquisición. La sustancia tóxica se obtenía del "mercado negro", sin contar con autorización administrativa para su producción o distribución.
La investigación de la Guardia Civil durante noviembre de 2019 incluyó la intercepción de varios compradores que salían del local en Aguadulce con dosis de marihuana y hachís. En la fecha de los hechos, del 1 de octubre de 2019 al 16 de noviembre de 2019, la asociación contaba con un total de 116 socios registrados.
El 21 de noviembre de 2019 se llevó a cabo una entrada y registro en los dos locales sede de la asociación, uno de los cuales coincidía con el domicilio particular de uno de los condenados. En el momento de la intervención, este condenado, que actuaba como presidente de la Junta Directiva, quitó el bozal a su perro, de raza American Staffordshire terrier, alentándolo a atacar a los agentes de la Guardia Civil. Como consecuencia, dos agentes sufrieron mordeduras, uno de ellos con heridas que tardaron 36 días en sanar y que le dejaron secuelas consistentes en perjuicio estético ligero de carácter importante. Por este ataque, el condenado deberá indemnizar a los agentes agredidos con un total de 7100 euros.
La inspección de los locales permitió incautar en la sede de la asociación 759,9 gramos de diversas preparaciones de cannabis y resina de cannabis, que estaban destinadas a la venta a terceros y cuyo valor se tasó en 1930.48 euros. Adicionalmente, se intervinieron 179.5 euros en efectivo obtenidos de la venta. En el local anexo, que funcionaba como domicilio particular del presidente, se confiscaron 319.1 gramos de cannabis y resina de cannabis, así como comprimidos de MDMA, DMT, hongos (Psilocina) y líquido de LSD, también destinados a la venta a terceros. El valor de estas últimas sustancias incautadas fue tasado en 1930.48 euros, además de 502 euros en billetes obtenidos de su venta. La sentencia acordó el decomiso de todo el dinero y efectos intervenidos, incluyendo el perro utilizado en el atentado, denominado "Gringo".
Las penas de prisión confirmadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía son de 3 años y 2 meses por el delito contra la salud pública y 3 años y 2 meses por el delito de atentado para el condenado que actuaba como presidente. A esto se añade la condena a 2 años de prisión por asociación ilícita para él y los otros dos condenados. Los otros dos miembros de la Junta Directiva fueron condenados por delito contra la salud pública, uno a 2 años de prisión (con la agravante de reincidencia) y el otro a 1 año y 2 meses de prisión, dado que la sustancia que facilitaban (marihuana y hachís) no causaba grave daño a la salud. Todos ellos fueron inhabilitados para el derecho de sufragio pasivo y los tres miembros de la directiva fueron inhabilitados especialmente para empleo o cargo público por un periodo de 6 años. Finalmente, el Tribunal acordó la disolución de la asociación y su anotación en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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