El debate sobre la distribución de poderes en el Estado se ha convertido en una excusa recurrente para el enfrentamiento político, pero lo verdaderamente preocupante es cuando el gobierno central, en manos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar, utiliza sistemáticamente la intrusión competencial como arma política, ignorando la autonomía que la arquitectura legal a Andalucía.
El último episodio de esta invasión llega desde el Ministerio de Sanidad, donde su titular, Mónica García, ha convocado y reprochado públicamente a las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular por rechazar la entrega de datos sobre los cribados de cáncer de mama. La ministra se queja amargamente, insinuando opacidad y posibles negligencias a raíz de problemas detectados en la gestión del gobierno andaluz.
Aquí es donde el discurso del Estado se vuelve un bumerán. La sanidad, en su gestión y ejecución, es una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La Junta de Andalucía, presidida por Juan Manuel Moreno Bonilla, es la responsable directa del funcionamiento de nuestro sistema sanitario en la provincia de Almería, para lo bueno y para lo malo, como cuando gobernaba el PSOE.
El Ministerio de Sanidad del Gobierno, aunque ostenta las bases y coordinación general, carece de potestad legal para exigir a las autonomías la remisión de datos que ellas mismas generan. como pasa con temas de policía o fiscales en el caso de País Vasco y Navarra... pero a éstos y Cataluña nadie osa exigir nada, todo lo más es la súplica y el por favor. Su única vía leal es la petición y la persuasión en órganos de coordinación como el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Por lo tanto, el anuncio de la ministra García de ir a los tribunales o de enviar requerimientos a consejeros autonómicos, suena más a amenaza política que a estrategia jurídica.
Si la ministra de Sanidad realmente estuviera preocupada por la salud pública y la calidad de los cribados, debería priorizar los asuntos que sí están plenamente bajo su control ministerial. ¿No tiene el Ministerio de Sanidad suficientes problemas propios que resolver dentro de sus competencias directas? El déficit de especialistas, la financiación del sistema o la armonización de criterios técnicos a nivel estatal son solo algunos.
Pero no, la urgencia parece ser otra: utilizar los problemas reales, como los fallos en los cribados andaluces, para convocar una reunión cuyo objetivo final no es otro que obtener rédito político y desgastar al adversario. Si el propósito no fuera partidista, la ministra actuaría con la discreción técnica que requiere la coordinación sanitaria, sin obligar de facto a las autonomías a entregar datos.
Los andaluces no somos niños pequeños que necesitan que el “papá Estado” venga desde Madrid a resolvernos los problemas. El presidente Juanma Moreno y la Junta de Andalucía son los responsables de garantizar un cribado oncológico eficaz para la mujer. Si no lo hacen en tiempo y forma, o si se demuestran negligencias, los andaluces nos encargaremos de pedir responsabilidades en las urnas y/o en los tribunales, que nadie lo dude. La competencia es, precisamente, para eso: para que cada nivel de gobierno asuma su responsabilidad íntegra ante sus votantes.
Esta invasión de competencias no es casual, sino sintomática de un problema estructural en el propio Gobierno y del Estado: un centralismo que sigue vigente en todos los que se asientan en Madrid, y un tamaño de su tamaño desmedido del equipo de Pedro Sánchez.
El actual Gobierno de coalición, con la necesidad de dar cabida a cuotas del PSOE, de Sumar y de sus múltiples formaciones internas (como Izquierda Unida, Comunes, Más País...), se ve obligado a inflar su número de Ministerios. Muchos de estos departamentos ministeriales tienen un contenido competencial notoriamente vacío, puesto que la mayor parte de las políticas están plenamente transferidas a las Comunidades Autónomas.
Son, en esencia, estructuras burocráticas sobredimensionadas que, para justificar su existencia y la de su titular, se ven impulsadas a inmiscuirse constantemente en lo que es gestión autonómica pura.
Un ejemplo claro es el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. La vivienda es competencia autonómica y, sin embargo, el Ministerio intenta legislar y coordinar, chocando frontalmente con las Comunidades Autónomas. Lo mismo ocurre con el Ministerio de Consumo, cuya materia está plenamente transferida en autonomías como Andalucía, donde la Junta ejerce la inspección y la sanción de forma exclusiva. En estos casos, la figura del ministro apenas tiene funciones ejecutivas que no debieran estar englobadas en una Secretaría de Estado o una Dirección General dentro de un ministerio matriz más grande. ¡Y qué decir del de Universidades y su ausente titular!
La competencia, en su concepción original, es la garantía de que la gestión se acerca al ciudadano, permitiendo a la provincia de Almería y a la Comunidad Autónoma de Andalucía tener sus propias prioridades y rendir cuentas sin intermediarios.
Sin embargo, el Gobierno Central, lejos de ocuparse de sus gravísimos problemas propios (déficit, deuda, presupuestos) y de las competencias que le son exclusivas (Defensa, Hacienda, Exteriores), opta por la incursión permanente en el terreno autonómico. Esto sucede porque la política se ha convertido en una justificación de estructuras sobredimensionadas. Cuando se tiene la obligación de nombrar a tantos ministros como exija el pacto de coalición, se crean carteras sin contenido. Y esas carteras, para sobrevivir, necesitan inventarse conflictos y cuestionar las competencias de los gobiernos autonómicos.
La conclusión es simple: el uso partidista del modelo territorial genera un constante ruido de sables y, al final, la coartada de la competencia, tanto si la usa el Estado para invadirla como si la usa la autonomía para parapetarse (como en el caso de la DANA en Valencia), ahoga al ciudadano y nos distrae de lo esencial. Es hora de que el Gobierno Central se ocupe de sus asuntos y deje a la Junta de Andalucía resolver los suyos, que para eso hay urnas.
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