La consejera en funciones de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha valorado que “se haya dado por fin el último paso para que las Comunidades Autónomas podamos poner al servicio de los profesionales del sector agroalimentario las ayudas europeas que respaldan a los afectados por la invasión de Ucrania”. Al respecto, ha afirmado que “desde la Junta vamos a trabajar para acortar al máximo posible el plazo para convocar y resolver estas ayudas que los andaluces necesitan tener en su mano cuanto antes para poder afrontar con mayores garantías la complicada situación actual, marcada por las consecuencias de esta guerra y el alza de los constes de producción”.
En la sesión celebrada ayer, el Parlamento Europeo ha adoptado el reglamento que permite convocar ayudas directas y temporales destinadas a agricultores, ganaderos y pymes agroalimentarias especialmente afectados por los efectos de la invasión de Ucrania, unas subvenciones que deben abonarse, como máximo, el 15 de octubre de 2023.
Carmen Crespo ha recordado que “Andalucía puso sobre la mesa la posibilidad de articular una línea de ayudas de este tipo, similar a las que se convocaron para ayudar a los afectados por la Covid-19”, con el fin de “ofrecer liquidez en un momento complejo para muchas empresas de pequeño tamaño que ven comprometida su rentabilidad por cuestiones ajenas a su control”. “Estoy convencida de que muchos agricultores, ganaderos y empresarios andaluces solicitarán estas subvenciones porque se trata de una media muy demandada por el sector”, ha destacado.
El reglamento europeo permite destinar un 5% de los fondos del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2021-2022 a estas nuevas ayudas excepcionales que pueden ascender a un máximo de 15.000 euros para los agricultores y ganaderos y a 100.000 euros en el caso de las pymes agroalimentarias.
Además de compensar las dificultades de los productores, estas subvenciones persiguen también contribuir a la seguridad alimentaria, a corregir los desequilibrios del mercado y a apoyar a agricultores o pymes que lleven a cabo una o varias de las siguientes actividades: economía circular, gestión de nutrientes, uso eficiente de los recursos y métodos de producción respetuosos con el medio ambiente y el clima.