La Subdelegación del Gobierno en Almería ha presupuestado una partida de aproximadamente 143.000 euros para la gestión, que incluye la retirada, guarda, custodia y posterior destrucción, de las pateras y otras embarcaciones utilizadas en la inmigración irregular que arriban a las costas de la provincia de Almería y a la isla de Alborán. Esta acción responde a la llegada media anual de unas 321 embarcaciones a esta zona.
El órgano gubernamental, que tiene la competencia para determinar el destino final de estas embarcaciones aprehendidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, considera que su destrucción es necesaria para evitar la acumulación y los gastos innecesarios asociados, dado que las lanchas recuperadas no pueden ser vendidas ni reutilizadas. La memoria de la actuación señala la necesidad de contratar a una empresa que opere de forma ininterrumpida durante todo el año para poder retirar mediante grúa y almacenar estas embarcaciones antes de su eliminación.
Según los cálculos del Ejecutivo, el coste de la gestión por cada patera se estima en 445 euros. Este importe cubre la totalidad del proceso, desde el rescate y el traslado al depósito, la descontaminación de la embarcación, el transporte al almacén de reciclaje, la destrucción para su traslado a una planta autorizada y el porte. No obstante, el coste real sin bonificación se eleva a 695 euros por patera, ya que la empresa responsable obtiene un descuento de 250 euros como compensación por el valor del reciclaje de los residuos del motor.
La empresa adjudicataria deberá encargarse de la retirada y el transporte de las embarcaciones de forma segura y profesional desde el punto donde se hallen, ya sea en agua, varada o en seco, hasta las instalaciones del depósito, garantizando que no sufran daños. Este servicio se prestará a requerimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con un tiempo máximo de respuesta de tres horas.
Los operarios de este servicio tendrán la responsabilidad de documentar el estado de la patera mediante fotografías y de recopilar datos a través de un certificado que deberá ser firmado por la fuerza actuante antes del traslado. La integridad de las embarcaciones recae como responsabilidad exclusiva en la empresa encargada de la retirada.
Una vez recepcionada la embarcación, la empresa tendrá un plazo de tres meses para proceder a su destrucción, salvo requerimiento de las autoridades. Las destrucciones se llevarán a cabo con una periodicidad mensual, salvo que la Secretaría General de la Subdelegación del Gobierno en Almería determine una frecuencia diferente. Las condiciones del contrato prohíben totalmente la venta de los motores, permitiendo solo la recuperación de algunos despieces como chatarra, e incluyen la destrucción y eliminación de la totalidad de la embarcación. El contrato, que tiene un importe base de licitación de 142.845 euros, tendrá una vigencia de un año, aplicándose entre el 4 de noviembre de este año y el 3 de noviembre del próximo ejercicio.
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