El Tribunal Supremo ha confirmado una condena de diez años y nueve meses de prisión para el patrón de una embarcación semirrígida que encalló con 22 personas a bordo, incluyendo un menor, en la isla de Alborán, perteneciente a la provincia de Almería. La sentencia, que desestima el recurso de casación presentado por la defensa, ratifica la pena impuesta por la Audiencia Provincial por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra la salud pública y por atentado contra la autoridad.
Los hechos se remontan al 22 de mayo de 2023, cuando el condenado patroneó una embarcación de 13 metros equipada con cuatro potentes motores fueraborda para llevar de forma clandestina a 21 hombres y un menor de origen marroquí hasta el Estado español. La navegación se realizó sin la pericia suficiente y gran parte del trayecto se cubrió de noche, "sin iluminación, ni sistemas de orientación y navegación", poniendo en "peligro la vida e integridad" de los pasajeros. La patera no estaba capacitada para trayectos tan largos ni para soportar los vientos de hasta 33 nudos y la "fuerte marejada" con olas de hasta dos metros y medio que se dieron en la zona, a lo que se sumó una sobrecarga por el número de personas y el transporte de 20 garrafas de combustible y tres de aceite de motor.
La embarcación encalló sobre las 6:15 horas en la zona del muelle de poniente de la isla de Alborán, donde sus ocupantes fueron interceptados por efectivos militares que prestan servicio en el islote. Mientras los migrantes intentaban devolver la embarcación al agua, un cabo de la Armada, "perfectamente identificado y uniformado", intentó subir a bordo para detener al piloto. El acusado hizo "caso omiso" y "lo empujó fuertemente al agua, golpeándose contra la embarcación".
El patrón intentó desencallar la nave acelerando los motores, aunque sin éxito. Su huida se vio frustrada cuando dos militares dispararon hacia los motores y uno de ellos, junto al cabo agredido, "tras forcejear con el acusado", consiguieron "reducirlo y detenerlo".
En el registro posterior, los militares hallaron entre las ropas del condenado casi 190 gramos de resina de cannabis, valorada en 1.277,35 euros, y dos bolsas de cocaína que habrían superado los 46.600 euros en el mercado ilícito al que estaba destinado.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, confirmada ahora por el Supremo, impuso al acusado seis años de prisión por el delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, tres años de cárcel por el delito contra la salud pública, y un año y nueve meses de prisión por el delito de atentado, debido a las lesiones sufridas por el cabo. Además, se le sumaron dos meses de multa por un delito leve de lesiones al militar con el que forcejeó.