En este rincón del sureste, donde sabemos bien lo que cuesta que llegue un tren o que el agua no sea un milagro, estamos acostumbrados a que desde Madrid se lancen globos sonda con la misma ligereza con la que sopla el poniente. El último artefacto volador lo ha soltado el Presidente del Gobierno del Estado, Pedro Sánchez Pérez-Castañón, quien ha anunciado a bombo y platillo que prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Una idea que, sobre el papel, tiene la misma buena prensa que un plato de migas en un día de lluvia, pero que sobre el terreno digital huele más a brindis al sol que a solución real.
La intención es loable. Nadie en su sano juicio negaría que dejar a un chaval de 13 años suelto por los vertederos morales de TikTok o X es como darle las llaves de un coche sin frenos en la Cuesta de los Caballos. El problema, como siempre en este Estado, no es el qué, sino el cómo. Sánchez nos vende la piel del oso digital antes de haber fabricado siquiera la lanza. ¿Cómo piensa articular una ley que verifique la edad sin convertir la navegación en un Gran Hermano constante? ¿Pedirá el DNI cada vez que un adolescente quiera ver un vídeo de gatitos o un tutorial de Minecraft? Hasta ahora, la Ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, habla de "entornos seguros" con una vaguedad que asusta más que la factura de la luz en agosto.
Por cierto, que la Unión Europea tiene mucho que decir en el tema, pero eso, a Sánchez, como es habitual, le importa poco, porque de lo que se trataba era de volver a erigirse como antagonista de Elon Musk. Desgraciadamente, porque ya digo, a mi me parece que su iniciativa se queda corta... porque también habría que prohibir estas redes para ciertos padres ¿como confiar el control de las redes a los progenitores si éstos son los protagonistas de los vídeos más repugnantes, zafios y vulgares?
Pero bajemos al barro de los datos y el trasfondo real. El Estado español se enfrenta a una realidad incómoda: las redes sociales se han convertido en un lodazal donde la moderación ha muerto. Según informes del Real Instituto Elcano y del Instituto de Estudios Estratégicos, la injerencia de servicios de inteligencia extranjeros —sí, los de siempre, los de Vladímir Putin— ha sido clave para polarizar democracias liberales, desde el Brexit hasta el referéndum ilegal en Cataluña. El objetivo es claro: debilitar al Estado a base de bots y desinformación.
Actualmente, el ecosistema digital está copado por mensajes de extrema derecha, racismo y xenofobia, aunque la izquierda más radical no se queda atrás en su afán por expulsar a la "gente normal" de la conversación pública. Sin embargo, resulta curioso el timing de Sánchez. Si estos mensajes de odio favorecieran sistemáticamente su permanencia en la Moncloa, ¿tendría tanta prisa por poner puertas al campo?
Da la impresión de que lo que realmente preocupa en los despachos de la capital no es solo la salud mental del menor, sino que el algoritmo les está ganando la partida. Es una suerte de ingeniería social preventiva: ese chaval de 16 años que hoy consume consignas incendiarias en su móvil será un votante en dos años. Sánchez parece haber descubierto que en el "salvaje oeste digital", sus eslóganes no tienen el mismo alcance que un vídeo de 15 segundos editado con mala baba.
Limitar el acceso a los menores es una medida necesaria por los perjuicios evidentes —adicción, acoso, distorsión de la realidad—, pero si se utiliza como herramienta para limpiar el tablero electoral de voces que no le son afines, la buena intención se tiñe de un color muy oscuro.
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