La operación protagonizada por la UCO, que como no puede ser de otra manera se practica a instancias de una orden judicial, consta de registros domiciliarios y conducción ante la presencia del juez que instruye el caso mascarillas por el que fue detenido el vicepresidente tercero de la Diputación provincial de Almería, Óscar Liria. Desde hace cuatro años, tras ser detenido, comparecido ante el juez y conducido a prisión preventiva, aún está pendiente de sentarse en el banquillo y conocer una posible sentencia condenatoria que, a pesar de los años transcurridos, todavía se halla en periodo de instrucción. Ahora, cuando la información queda pendiente de adquirir y contrastar nuevos datos, la actuación de la UCO con las detenciones y registros domiciliarios podría obedecer a un nuevo horizonte que excede del llamado caso mascarillas para adentrarse en el capitulo de presuntas comisiones por contratación de obras públicas a nivel provincial.
El dispositivo desplegado por la UCO se colige con la impactante estética del caso Poniente al entrar la Policía en el Ayuntamiento de El Ejido, aunque queda por saber el alcance real de esta reciente operación que ya ha propiciado un impresionante dispositivo mediático, así como la urgentísima y nutrida convocatoria de miembros del PSOE, que se sustentan en meras suposiciones sin aportar dato alguno que incrimine a las personas e instituciones intervenidas e investigadas. La primera y premurosa acción del PSOE la protagoniza el secretario provincial, destacando que se trata del “punta de un iceberg de corrupción” cuando, entre los suyos, hay icebergs, banquisas y casquetes polares de corrupción que mana de La Moncloaca.
Sería de aurora boreal que la intervención de la UCO fuese motivada por una búsqueda de pruebas incriminatorias en las viviendas de las personas investigadas, pues los que se saben investigados e incursos en el procedimiento de instrucción ya suponen que se vigilan sus movimientos, sus conversaciones y sus mensajes telefónicos. Así, siguiendo la “doctrina” del fiscal general del Estado, las posibles pruebas (documentos, mensajes, llamadas y WhatsApp del móvil) se destruyen en cerocoma. Por tanto, ha de existir una motivación novedosa o una línea de investigación al margen del caso mascarillas como para que se active esta impactante operación que torpedea al presidente de la Diputación y presidente provincial del Partido Popular, así como otras seis personas más. No se entendería la torpeza de los investigados que, tras cuatro años de instrucción -aún viva-, mantengan información y pruebas incriminatorias en sus domicilios… a la espera de un registro domiciliario policial.
Henchidos de gozo, algunos ya celebran reventar el Festival Internacional de Cine, el anuncio del notabilísimo incremento de profesionales en la sanidad pública andaluza, las inversiones en infraestructuras de la Diputación en la provincia… y la visita de Federico Jiménez Losantos al MUREC, museo felizmente rehabilitado por la Corporación provincial con el gobierno de Gabriel Amat y su delfín, Javier Aureliano. Y esto también dará algo de sí en la actual política mugrienta. Igualmente, ya se afilan estrategias en el Ayuntamiento de Almería para conminar a la alcaldesa a tomar una decisión: urgir a destituir -que no puede- a un “corrupto” entre sus concejales o pedir que abandone el acta, y que corra la lista.
En cualquier caso, sean quienes sean, hay que esperar y confiar en que la justicia actúe y se pueda justificar la espectacularidad de esta actuación con la contundencia de las pruebas y la rotundidad de la verdad, sin ambages y sin exasperante demora.
A diferencia del PSOE, que mantiene, protege y abriga a corruptos confesos y convictos, la Comisión de Garantías del Partido Popular se ha apresurado a suspender de militancia a los tres altos cargos del PP (presidente, vicepresidente y alcalde de Fines). Recordemos que por el caso Nazarí también fue suspendido de militancia el alcalde de Granada, Torres Hurtado. Se le acusó de llevarse hasta las aldabas de la Alhambra, pero salió absuelto; eso sí, tras el correspondiente linchamiento mediático y político. La suspensión de militancia políticamente tiene unos efectos devastadores, pues estamos a un minuto de que algunos altos y conspicuos dirigentes populares se refieran a los suspendidos de militancia como “Esa persona de la que usted me habla”.
Agenda
