Exalcalde de Dalías es enjuiciado por la maniobra para construir una guardería

La Audiencia Provincial de Almería acogerá este jueves la vista oral contra el exalcalde de Dalías, Jerónimo Robles, a quien la Fiscalía acusa de delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por la supuesta construcción "ilegal" de una guardería y una sala de usos múltiples en el municipio en el año 2006. El Ministerio Público solicita para el exprimer edil nueve años de inhabilitación para cargo o empleo público por el delito de prevaricación y cinco meses de prisión por el de malversación, si bien pide el sobreseimiento para otros once investigados por considerar prescritos los delitos que se les imputaban.

El escrito de acusación provisional, que detalla los hechos ocurridos hace 19 años, apunta a que el acusado, quien gobernó Dalías en distintos periodos bajo diversas siglas, habría ordenado "verbalmente" a una empresa constructora la edificación de las mencionadas infraestructuras sin incoar el procedimiento administrativo reglamentario. Se especifica que el entonces regidor carecía de las competencias para acordar estas obras, ya que la decisión requería la aprobación del Pleno municipal.

La Fiscalía subraya que el exalcalde habría intentado "aparentar una legalidad" a posteriori para efectuar el pago a la constructora mediante la cesión de parcelas y aprovechamientos de suelo público. Estas operaciones, según el Ministerio Público, se realizaron con el propósito de cubrir las obras, las cuales fueron valoradas en 788.572,47 euros. En este contexto, se cifra en 1.067.580,72 euros el valor real del suelo municipal que se pretendía entregar como pago, una cantidad que supera en 279.008,25 euros la valoración que se había dado a los suelos, lo que habría supuesto un perjuicio para el Ayuntamiento de Dalías. Pese a la maniobra, la constructora rechazó el acuerdo, interpuso una demanda y el Consistorio fue condenado a abonar una suma total de 993.189,92 euros.

Las obras, que se consideran "ilegalmente acordadas" y "verbalmente autorizadas", comenzaron entre noviembre y diciembre de 2006. Posteriormente, el exregidor supuestamente trató de dar "cobertura" a su acción a través de acuerdos plenarios. El 4 de diciembre de 2006 se aprobó en Pleno extraordinario la primera fase de las obras para financiarlas "con fondos del patrimonio municipal de suelo". Sin embargo, el secretario-interventor presentó reparos, advirtiendo que el uso de dichos fondos para este fin era "contrario a la legalidad" y que tampoco se justificaba la división de las obras en fases.

El acusado habría insistido en legitimar las obras, llevando al Pleno el 30 de enero de 2007 el proyecto de ejecución de la guardería y su financiación con los mismos fondos, previendo un procedimiento negociado sin publicidad para amparar los trabajos que ya estaban en marcha, pero tampoco prosperó ante las mismas advertencias de ilegalidad.

Consciente de la situación, el exalcalde impulsó de nuevo ante el Pleno, en mayo de 2007 y por vía de urgencia, un convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y la empresa para dar cobertura a la construcción a cambio de una parcela municipal. El secretario de la corporación advirtió de la imposibilidad de emitir un informe de legalidad por la urgencia de la tramitación y el hecho de que el convenio "ocultaba la permuta ilegal de un bien inmueble" que, además, "carecía de valoración". Pese a ello, el acuerdo fue aprobado sin estar rubricado por los intervinientes.

Este acuerdo, junto con una adenda ampliatoria posterior de junio de 2007, condujo a la elaboración de un documento refundido en 2009, si bien la obra ya había finalizado en septiembre de 2007. El convenio final no contaba con las firmas de los intervinientes y concedía a la empresa constructora la propiedad de la edificación en terrenos destinados a dotaciones públicas "sin que se hubiera llevado a cabo previamente ningún tipo de procedimiento basado en los principios de publicidad y concurrencia". En dicho documento se valoraba la obra en 984.220,20 euros y se ampliaban los terrenos a ceder a la constructora, con otra parcela y el diez por ciento del aprovechamiento urbanístico de una tercera zona. No obstante, la constructora no aceptó ni firmó ninguno de los convenios presentados.

El fiscal detalla que los borradores del convenio fueron elaborados por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Dalías "por impulso y petición" del exalcalde, y la cantidad de 984.220,20 euros que figuraba como valoración de las fincas no correspondía a su valor real, sino que fue resultado de una "negociación" entre el acusado, responsables urbanísticos del Ayuntamiento y la constructora, siendo el valor real superior al millón de euros.