La Junta recupera junto a los ayuntamiento de solares abandonados

La Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, está promoviendo, en colaboración con los ayuntamientos respectivos, el cambio de uso urbanístico de unas 15 parcelas repartidas por toda Andalucía, con el objetivo de posibilitar su puesta en valor. Estas parcelas se encuentran sin uso hace años, y algunas desde el siglo XX.

Estas parcelas están destinadas a determinados usos, en su mayoría públicos, que no se corresponden con las necesidades actuales. Y la anterior legislación urbanística (LOUA) impedía, en la práctica, la modificación de la calificación urbanística del suelo. Sin embargo, la actual Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) ha introducido mecanismos más flexibles que permiten adecuar las calificaciones obsoletas a otros usos, sean públicos o privados, acordes con las necesidades reales.

Estas actuaciones se enmarcan en la estrategia desarrollada por la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Andalucía desde 2019 para poner en valor el patrimonio sin uso o infrautilizado y, de esta forma, generar ahorros e ingresos, además de dotar a estos inmuebles de utilidad para los ciudadanos.

De esta forma, el cambio de calificación de estos suelos, mediante la elaboración de un Estudio de Ordenación, permitirá a la Junta obtener unos ingresos por la enajenación de los mismos (bien mediante subasta pública o bien por enajenación directa), o su explotación mediante concesión administrativa, lo que no sería posible sin la modificación del uso de las parcelas.

En este sentido, hay que recordar que, hasta el momento, la Junta de Andalucía ha ingresado unos 138 millones de euros por la venta de su patrimonio público sin uso, lo que además ha supuesto un ahorro en costes de mantenimiento, estimado en torno a un millón de euros al año. El dinero generado por la venta del patrimonio y los ahorros se incorpora al presupuesto de la Junta de Andalucía para destinar a inversiones o a la mejora de las infraestructuras sanitarias, educativas o de carreteras, etc.

La consejera Carolina España explica que, con los 138 millones que ha ingresado la Junta por la venta de patrimonio abandonado se pueden pagar “526.717 sesiones de quimioterapia, 69.687 operaciones de cataratas, 13,8 kilómetros de autovía, el comedor escolar para 140.162 alumnos durante un año o pagar el sueldo de 1.312 médicos”. “El deber de la Administración andaluza es gestionar con eficacia el dinero y el patrimonio de todos los andaluces y la forma en la que administramos ahora es buen ejemplo de ello”, añade.

Los solares cuyos cambios de uso está promoviendo la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Andalucía, mediante la figura del Estudio de Ordenación y previo convenio suscrito con los respectivos ayuntamientos, se encuentran repartidos por las ocho provincias andaluzas.

ALMERÍA

En Almería hay dos: un solar en la calle Pablo Neruda de la capital y la antigua residencia de tiempo libre de Roquetas de Mar. El primero está destinado a equipamiento docente y se está trabajando para modificar su uso y destinarlo a equipamiento residencial, dotacional público y espacios libres. En su día estuvo ocupado por las instalaciones de la antigua Escuela Sindical de Hostelería, que en el curso 1989/90 lo abandonó para instalarse en una nueva ubicación en la finca Santa Isabel, con el nombre de Instituto de Formación Profesional Almeraya. Este centro, posteriormente, se transformaría en el actual IES Almeraya.

Asimismo, la antigua residencia de tiempo libre de Roquetas de Mar pasará de equipamiento primario a uso hotelero. El Consejo de Gobierno acordó en noviembre de 2023 suprimir el servicio de las residencias de tiempo libre, por tratarse de un servicio altamente deficitario (desde el año 2015 supusieron para las arcas andaluzas un gasto de 140 millones de euros, frente a los 16 millones de euros de ingresos que generaron), que no constituye un servicio público esencial y cuyo fin social tampoco estaba justificado, al no tener en cuenta en la adjudicación de plazas, criterios de renta o similares.