El plenario de la Diputación de Almería ha sido el escenario de un profundo y tenso debate en torno a la posibilidad de restringir el acceso a los edificios públicos a aquellas personas que oculten su rostro con prendas como el burka o el niqab. La sesión, dirigida por el presidente de la institución provincial, José Antonio García Alcaina, evidenció las marcadas diferencias entre los grupos políticos a la hora de abordar una cuestión que mezcla la seguridad ciudadana, los derechos fundamentales y las competencias de las administraciones locales en la provincia de Almería. El foco inicial se situó sobre la propuesta defendida por el portavoz de Vox, Pedro Manuel Agüera, quien justificó la redacción de un reglamento interno para impedir la entrada con el rostro cubierto basándose en la necesidad de garantizar la verificación de identidad de los usuarios y proteger a los empleados públicos.
Durante su alocución, el representante político no dudó en calificar el velo integral como un saco de tortura, una cárcel textil y un símbolo de apartheid de género, asegurando que su formación no está dispuesta a normalizar lo que consideran una segregación disfrazada de tolerancia. Para reforzar su postura, argumentó que otros municipios, entre los que citó expresamente a la localidad almeriense de Níjar, ya han dado pasos para aplicar esta lógica elemental en sus normativas municipales destinadas a los espacios de uso común.
Sin embargo, la iniciativa se topó de frente con un obstáculo insalvable de carácter técnico que marcó el rumbo de la sesión. El portavoz del PP, Carlos Sánchez, argumentó el voto en contra de su grupo apoyándose de manera estricta en un informe jurídico desfavorable emitido por la Secretaría General de la Diputación de Almería. Según desgranó el diputado, el documento técnico concluye de forma tajante que el uso del velo integral es una manifestación del derecho fundamental a la libertad religiosa, por lo que una entidad local carece por completo de competencias para limitarlo si no existe una ley previa aprobada por el Estado español que le dé cobertura. El texto jurídico también descarta que la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana del año 2015 sirva como soporte legal para justificar dicha prohibición en los espacios públicos.
Aunque el representante del PP coincidió en que el burka supone un paso atrás en la defensa de los derechos de la mujer, consideró una irresponsabilidad política apoyar un texto con severos reparos legales. En su lugar, defendió una propuesta alternativa de su propia formación dirigida a instar a las Cortes Generales de España a impulsar una legislación específica, tomando como referencia normativas vigentes en países europeos y siguiendo las recomendaciones emitidas en 2014 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en aras de la convivencia democrática. Sánchez ilustró la necesidad de este marco legal recordando la profunda indefensión que sufre el funcionariado cuando debe acreditar de forma fehaciente la identidad de una persona con el rostro cubierto que solicita, por ejemplo, la emisión de un certificado digital en cualquier ventanilla pública de Almería.
La visión aportada por el portavoz del PSOE, Manuel Ruiz del Real, introdujo una fuerte crítica a la intencionalidad de ambas propuestas conservadoras, a las que tachó de meros instrumentos de propaganda partidista totalmente desconectados de los problemas reales y diarios de la ciudadanía de Almería. El dirigente socialista desveló que, tras realizar consultas directas con el personal de seguridad encargado del control de acceso a la propia sede de la Diputación de Almería, constató que en casi 20 años de servicio no se ha registrado ni un solo caso de una usuaria que haya intentado acceder a las instalaciones vistiendo un burka o un niqab. Por ello, lamentó que el plenario dedicara su tiempo a debatir sobre una prohibición general para un supuesto que no se produce en la realidad administrativa de la institución, dejando de lado asuntos apremiantes como las inversiones o las infraestructuras provinciales. Además de advertir sobre la ilegalidad de la propuesta inicial en base a la jurisprudencia del Tribunal Supremo del año 2013, el representante del PSOE alertó sobre los enormes peligros sociales que conllevan este tipo de vetos de amplio espectro. Argumentó que prohibir el acceso al transporte o a los servicios públicos no fomenta en absoluto la liberación de la mujer frente a posibles coacciones, sino que genera un riesgo real de exclusión, provocando que aquellas ciudadanas que visten velo integral terminen aislándose de manera forzosa en sus domicilios.
El debate, de marcado tono técnico y competencial, derivó igualmente en un intenso cruce de reproches sobre las trayectorias políticas y la coherencia de las diferentes formaciones con representación en la corporación. El proponente de la moción original recurrió a declaraciones institucionales del pasado para evidenciar las contradicciones de la bancada de izquierdas, recordando que antiguas responsables ministeriales de Igualdad abogaron en su momento por utilizar todo el ordenamiento jurídico para evitar la presencia de estas prendas en los espacios de titularidad pública de España.
En respuesta a estas acusaciones de cambio de criterio, desde las filas socialistas afearon a los promotores de la moción su reciente rechazo a apoyar de forma unánime los manifiestos institucionales en defensa de los derechos de las mujeres durante fechas señaladas en la Diputación de Almería, cuestionando abiertamente la credibilidad de su repentina preocupación por la salvaguarda de la dignidad femenina. Finalmente, la presidencia ordenó organizar la votación secuencial de las propuestas elevadas al pleno, cerrando así una extensa sesión que puso de manifiesto el complejo encaje legal, competencial y social que supone intentar regular normativamente la indumentaria religiosa en el estricto ámbito de las administraciones públicas.
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