Murcia, Andalucía y Valencia piden reunión urgente al Miteco por recortes en el trasvase Tajo-Segura

Las comunidades autónomas de Murcia, Andalucía y Valencia han solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) una reunión "urgente" para abordar el "recorte" del trasvase Tajo-Segura. Este llamado se produce en un contexto donde las decisiones sobre la gestión del agua están generando tensiones significativas entre las regiones afectadas.

Durante un encuentro celebrado en la sede de la Conselleria de Agua, Agricultura y Ganadería, la consejera murciana, Sara Rubira, y su homólogo valenciano, Miguel Barrachina, acordaron coordinar esfuerzos para exigir esta reunión al Miteco. Según informaron fuentes oficiales de Murcia, ambos consejeros expresaron su preocupación por la falta de atención a las aportaciones que habían enviado al Ministerio previamente.

Reacciones ante el recorte

Rubira enfatizó que hace más de un año se convocó a una reunión inicial que carecía de datos concretos y no se volvió a repetir. "Ahora sabemos que las aportaciones que remitimos al Ministerio no han sido tenidas en cuenta", afirmó. En este sentido, subrayó el compromiso del Gobierno murciano para "frenar esta injusticia" que afecta tanto a la región como a sus regantes.

Los consejeros también denunciaron que el Gobierno central utiliza a los regantes del Levante como herramienta en sus intereses políticos en Castilla-La Mancha. Además, condenaron los planes del Ejecutivo central que podrían resultar en una reducción superior al 50% del agua destinada a los regadíos en Almería, Alicante y Murcia.

Crisis hídrica en el Levante

Al finalizar la reunión, Rubira expresó su preocupación por lo que considera un intento del Gobierno de Pedro Sánchez de provocar un "apagón hídrico" en el Levante, especialmente cuando las reservas en los embalses están en niveles históricos. “Los más de 1.500 hm3 almacenados en Entrepeñas y Buendía hacen aún más incomprensible esta decisión arbitraria”, añadió.

La consejera también advirtió sobre las consecuencias económicas devastadoras que podría tener esta situación: "Más de 15.000 empleos están en juego y podrían desaparecer más de 27.000 hectáreas de cultivo". Según sus estimaciones, esto podría traducirse en pérdidas cercanas a los 5.600 millones de euros.

Demandas por justicia hídrica

Por su parte, Barrachina coincidió con Rubira al señalar que las decisiones unilaterales del Miteco afectan gravemente a la economía local y al futuro de miles de familias dependientes del agua trasvasada. “No se puede gobernar el agua desde un despacho sin escuchar a quienes producen alimentos para toda Europa”, criticó el conseller.

Barrachina insistió en la necesidad de una gestión equitativa del agua: “Lo que exigimos es justicia hídrica. El agua es de todos y debe gestionarse con sentido común”. Las tres comunidades autónomas han reiterado su disposición al diálogo pero advierten que no aceptarán imposiciones que pongan en riesgo su tejido productivo agroalimentario ni el abastecimiento básico para millones de ciudadanos.

Nuevas restricciones propuestas

Desde la Generalitat se ha señalado que las nuevas reglas propuestas por el Miteco endurecen significativamente los criterios para autorizar trasvases, lo cual va en contra del equilibrio territorial y la equidad hídrica. Entre estas medidas destaca el aumento de requisitos para autorizar trasvases máximos, permitiendo solo cuando las existencias conjuntas superen los 1.600 hectómetros cúbicos o cuando las aportaciones anuales sean superiores a 1.400 hectómetros cúbicos.

Además, se contempla una reducción progresiva del volumen autorizado durante situaciones críticas, lo cual representa un nuevo obstáculo para garantizar tanto el abastecimiento como el riego necesarios para la agricultura regional. Barrachina concluyó señalando que estas decisiones son perjudiciales y evidencian una clara intención de restringir el uso de un recurso esencial para el desarrollo económico regional.

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