La aprobación de los expedientes de gastos relacionados con la contratación del servicio de Atención Temprana, bajo el régimen de concierto social en Andalucía, ha sido realizada por el Consejo de Gobierno, a través de la Consejería de Salud y Consumo. Con un monto total que alcanza los 104.699.098,56 euros, esta licitación representa un aumento superior al 13% respecto al presupuesto vigente de los conciertos sociales, evidenciando así el compromiso de la Junta de Andalucía con la atención a niños y niñas menores de 6 años que presentan trastornos del desarrollo.
El presupuesto aprobado es fruto del esfuerzo conjunto entre la Consejería de Salud y Consumo y la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, además de incluir una modificación presupuestaria que fue ratificada por el Consejo de Gobierno el 30 de abril pasado. En cuanto a la distribución del presupuesto por provincias, se asignarán 10.728.208,32 euros para Almería; 16.333.834,56 euros para Cádiz; 8.648.515,20 euros para Córdoba; 11.477.360,64 euros para Granada; 5.333.733,12 euros para Huelva; 5.764.712,64 euros para Jaén; 22.532.419,20 euros para Málaga y 23.880.314,88 euros para Sevilla. Es notable que casi el 40% del incremento se concentra en Almería, lo cual proporcionará recursos extraordinarios para atender las crecientes necesidades de la población infantil con trastornos del desarrollo en esa área.
Los actuales conciertos sociales que comenzaron en junio de 2021 serán prorrogados excepcionalmente, asegurando así que la atención a menores y sus familias continúe sin interrupciones hasta que se formalicen los nuevos contratos correspondientes a este concierto social. Este modelo de prestación del servicio público de atención temprana implica una colaboración con la iniciativa privada y resalta el papel fundamental del tejido asociativo mediante entidades sin ánimo de lucro.
La organización del servicio en lotes garantiza que toda Andalucía reciba atención adecuada, permitiendo a las familias acceder a un Centro de Atención e Intervención Temprana cercano a su hogar y en condiciones equitativas, sin discriminación y con accesibilidad universal. La duración del concierto social será de 24 meses, con opción a prórroga por otros 24 meses adicionales, lo que ofrecerá estabilidad a los servicios prestados.
La continuidad en los procesos de atención depende de los puestos de trabajo de los profesionales que laboran en los centros. Aunque el Consejo de Gobierno aprobó este concierto social en septiembre de 2024, la Junta de Andalucía canceló el procedimiento en diciembre del mismo año, cumpliendo así con las resoluciones del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales ante los recursos presentados. Durante estos seis meses, la Consejería de Salud y Consumo ha revisado la documentación del concierto social, incorporando las recomendaciones del Tribunal. Estas sugerencias se reflejan tanto en el precio unitario por sesión como en las mejoras que las entidades licitadoras podrán ofrecer, entre otros aspectos. El precio unitario por sesión se ha establecido en 30,13 euros, teniendo en cuenta las tablas salariales del XVI Convenio Colectivo General para centros y servicios destinados a personas con discapacidad.
Este convenio fue negociado y firmado el 29 de noviembre de 2024 por asociaciones empresariales y sindicatos como FE-CCOO y UGT Servicios Públicos, aplicándose a todos los trabajadores de los centros de Atención e Intervención Temprana que son de titularidad privada. Este nuevo concierto enfatiza la importancia de las entidades consolidadas en la prestación del servicio, así como la trayectoria profesional y formativa de quienes interactúan directa o indirectamente con niños, familias y su entorno.
Las principales novedades incluyen acciones por parte de los centros para fomentar la participación activa de las familias en la intervención, la opción de subcontratar tareas específicas relacionadas con fisioterapia y la implementación de procedimientos innovadores para la gestión administrativa. Además, el concierto social incluye dos medidas que tendrán un impacto económico positivo para las entidades adjudicatarias. Estas medidas están vinculadas a la flexibilización del horario laboral durante julio y agosto y a la limitación del número de sesiones gratuitas sin contraprestación económica, fijando un máximo del 4% sobre las sesiones del lote a cargo del beneficio industrial.
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