El Bono Alquiler Joven (BAJ), una ayuda pública impulsada por el Estado y gestionada por las comunidades autónomas para facilitar el acceso a la vivienda de los menores de 35 años, prometía ser un respiro económico en un momento crítico. En Almería, sin embargo, la iniciativa se diluyó entre la burocracia, los retrasos administrativos y una ejecución que ha dejado mucho que desear.
La provincia almeriense, con una de las tasas más altas de jóvenes en situación de precariedad habitacional, ha sufrido especialmente los efectos de una gestión que, según la Cámara de Cuentas de Andalucía, ha estado marcada por la falta de planificación, escasa dotación de personal y fallos en la ejecución presupuestaria.
Un número que lo dice todo: solo el 17% cobró en 2022
De los 1.379 jóvenes almerienses que obtuvieron la resolución favorable del Bono Alquiler Joven en 2022, solo 235 lograron cobrarlo antes de que finalizara ese año. Esto representa apenas un 17% del total de beneficiarios reconocidos.
Los jóvenes que accedieron al programa, y que tenían derecho a recibir 250 euros mensuales durante dos años, vieron cómo esa promesa quedaba en papel mojado. La causa principal: los fondos asignados por el Estado llegaron tarde, y la administración autonómica no previó mecanismos eficaces para anticipar los pagos, pese a que otras comunidades sí lo hicieron.
Almería en el contexto andaluz
El informe de fiscalización muestra que, si bien la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda anunció en su momento la tramitación masiva de solicitudes, la realidad es que el 80% de las resoluciones en toda Andalucía se firmaron entre los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023. En Almería, este patrón se repitió con especial intensidad.
El resultado fue un cuello de botella administrativo: la mayoría de las resoluciones llegaron tan tarde que no hubo margen para hacer efectivos los pagos en el ejercicio presupuestario de 2022. Esto no solo generó frustración entre los solicitantes, sino que puso en evidencia la incapacidad de la estructura provincial para absorber una carga de trabajo que, si bien extraordinaria, era previsible.
El personal, superado: tres técnicos para 2.600 solicitudes
Una de las revelaciones más llamativas del informe tiene que ver con los recursos humanos asignados a la gestión del Bono en Almería. En el punto más álgido del proceso, entre junio y octubre de 2022, solo había tres personas encargadas de tramitar las más de 2.600 solicitudes presentadas en la provincia.
Esta ratio –de más de 860 expedientes por técnico– no solo es inasumible desde el punto de vista operativo, sino que pone en cuestión la seriedad con la que se planificó la implantación del programa. En la práctica, esto significó que muchos jóvenes almerienses pasaron más de un año sin noticias sobre el estado de sus expedientes, pese a haber entregado toda la documentación requerida.
Errores, duplicidades y falta de seguimiento
El informe señala también la existencia de errores de coordinación entre las distintas plataformas utilizadas para la gestión y resolución de solicitudes. Hubo duplicidades, incongruencias en los datos, y una falta de trazabilidad que complicó la detección de errores y su corrección. En Almería, se dieron casos en los que jóvenes con resolución favorable tuvieron que esperar meses para recibir algún tipo de notificación oficial.
Además, la inexistencia de un sistema de seguimiento automatizado obligó a los técnicos a trabajar manualmente con hojas Excel, lo que aumentó el riesgo de equivocaciones y alargó aún más los plazos.
Jóvenes en tierra de nadie
El retraso en la concesión y cobro del Bono Alquiler Joven no es un simple problema de gestión. En una provincia como Almería, donde el precio del alquiler ha crecido sostenidamente y el acceso a la vivienda es cada vez más complicado para los menores de 35 años, esta ayuda se presentaba como una tabla de salvación.
Sin embargo, la ineficiencia del sistema ha dejado a miles de jóvenes en una situación de incertidumbre prolongada, obligándolos en muchos casos a endeudarse, compartir vivienda en condiciones precarias o incluso renunciar a la emancipación.
El informe de la Cámara de Cuentas concluye con una batería de recomendaciones para mejorar el funcionamiento del programa en futuros ejercicios. Entre ellas, destaca la necesidad de anticipar pagos con fondos propios, reforzar los equipos técnicos en las delegaciones provinciales, automatizar los procesos y establecer un seguimiento riguroso y transparente.
Pero más allá de las medidas técnicas, el caso de Almería revela una cuestión de fondo: el abandono institucional que sufren muchas provincias periféricas cuando se trata de políticas públicas dirigidas a la juventud. La promesa del Bono Alquiler Joven no era solo económica; era una apuesta por el futuro de una generación. En Almería, de momento, esa apuesta ha quedado en suspenso.
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