La vida pública en el Estado español nos ha regalado, a lo largo de los años, momentos de una extraña alquimia: la de transformar la realidad a través del lenguaje, o, más bien, mediante su negación obstinada. La última muestra nos llega con el 'Caso Koldo', donde la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con la precisión de un notario con sillón en la RAE, ha traducido un curioso glosario de términos gastronómicos y de papelería a euros contantes y sonantes.
Según el informe de la UCO remitido al Tribunal Supremo, las "chistorras" eran billetes de 500 euros, los "soles" de 200 euros, las "lechugas" de 100 euros y los "folios" o "cajas de folios" una referencia genérica a dinero en efectivo. La prueba, matemática, es incontestable: al hablar de "2.000 txistorras" que sumaban un millón de euros, se establece una equivalencia de 500 euros por unidad.
El problema no es el código en sí—el lenguaje en clave es una herramienta, aunque moralmente cuestionable en la política—, sino la reacción posterior de los aludidos. José Luis Ábalos, exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y su exasesor, Koldo García Izaguirre, persisten en la versión de que se trataba de productos navarros o de asuntos de oficina. Una negación que, además de pueril, nos remite a episodios pasados de la política española donde la incredulidad se erigía en argumento de defensa.
Es imposible, en este punto de la hemeroteca y de la desmemoria selectiva, no establecer un paralelismo con el vodevil que se escenificó en torno a los 'papeles de Bárcenas'. ¿Recuerdan aquella contabilidad paralela del Partido Popular, la famosa "caja B" destapada hace ya años?
En aquellos apuntes manuscritos por el extesorero Luis Bárcenas figuraban numerosos dirigentes con iniciales o abreviaturas que, según la investigación, se correspondían con supuestos sobresueldos en efectivo. Y entre todas las entradas, una desató la mayor expectación: la anotación de "M. Rajoy".
A pesar de que los indicios, los cargos y la simple lógica apuntaban al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey, la postura oficialista y la propia defensa del expresidente se empeñaron en sembrar la duda. Rajoy aseveró ante la Audiencia Nacional que "todo" lo que se refería a él en esos papeles era "falso de toda falsedad" y que era "absolutamente falso" haber recibido dinero en mano. La negación de que "M. Rajoy" fuera Mariano Rajoy se convirtió en un meme antes de que existieran los memes, en una muestra de desprecio a la inteligencia ciudadana.
Y esa es precisamente la misma función que cumplen hoy las "chistorras", los "soles" y las "lechugas".
Tanto entonces como ahora, el ciudadano de a pie, el que paga impuestos en Andalucía o en cualquier parte del Estado, se ve obligado a asistir a una escena bochornosa: personas con responsabilidades públicas que niegan la evidencia física y matemática. Les pagamos el sueldo y ellos nos toman por tontos.
En el caso de Ábalos y García, la UCO no solo ha encontrado el código, sino que también ha detectado gastos personales por más de 95.000 euros sin justificación bancaria, incluyendo partidas vinculadas a una expareja, Jéssica Rodríguez (lo de llamarla España porque vivía en ese edificio, se entiende, pero llamarla "20 minutos" teniendo en cuenta su profesión habitual... nos deja con dudas). Cuando la trama de Koldo habla de llevar "folios a casa" para el "jefe", y la UCO lo traduce a dinero en efectivo para sufragar gastos personales, insistir en que eran documentos de trabajo es de una desfachatez sideral.
La desconfianza en la clase política no se genera solo por el delito, si este se prueba, sino por la sistemática negación de lo obvio. El hecho de que altos cargos del Estado (entonces con el PP, ahora con ramificaciones del PSOE) hayan recurrido a una jerga de "chistorras" o a la ambigüedad de "M. Rajoy" demuestra que existe un patrón de conducta: el de asumir que la credibilidad del político es inversamente proporcional a la inteligencia del votante.
Es hora de exigir que se deje de tratar al electorado como un simple rebaño. Las pruebas son rigurosas, los informes son públicos. Que al menos, por respeto a la verdad y a la institución que representaron, dejen de tomarnos por necios.
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