La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) y el sindicato independiente Colectivo de Emergencias Municipales (CEM) han denunciado públicamente el "abandono institucional" y la "desprotección" que, según sostienen, afectan a los agentes de la Guardia Civil y la Policía Local en el municipio de Roquetas de Mar, en la provincia de Almería. Ambas organizaciones han emitido un comunicado señalando que la concurrencia de varios factores ha provocado un estado de "colapso físico y mental" en los patrulleros.
Entre las causas principales que apuntan se encuentra un déficit crónico de efectivos, indicando que tanto el municipio como el Ministerio "incumplen de manera sistemática las ratios recomendadas de policías por habitante". Esta carencia se ve agravada por la alta densidad poblacional de Roquetas de Mar, que implica un "incremento significativo" de residentes itinerantes, incluyendo turistas, así como "numerosos ciudadanos no censados y personas extranjeras sin residencia legal en España".
Otro factor señalado es el incremento de población que se produce en el periodo estival, momento en el que la cifra de residentes puede llegar a triplicarse, "sin que se activen los refuerzos ni las comisiones de servicio necesarias para hacer frente a esta presión adicional de forma continuada en el tiempo". A ello se suma el desplazamiento de organizaciones de narcotraficantes a la costa de Almería, intensificando la complejidad de la labor policial. Las organizaciones también aluden al "deterioro de la salud de los agentes", afirmando que "la nula gestión y el sometimiento pleno a decisiones políticas de los mandos superiores han generado un abandono institucional que ha provocado que un número considerable de agentes y mandos intermedios hayan causado baja médica, mermando aún más los escasos efectivos".
Las agrupaciones profesionales han destacado especialmente la "nula gestión del equipo de gobierno municipal en el barrio de las 200 Viviendas", describiéndolo como un "gueto donde impera la ley del más fuerte". En este punto de la localidad, señalan como constantes el tráfico de drogas, la prostitución, la explotación sexual forzada, los mercadillos ilegales, las riñas violentas y los apuñalamientos, además de las graves molestias que sufren los vecinos a causa de ruidos, olores y residuos.
Según Jucil y CEM, esta situación de "desgaste" alcanzó un punto crítico a raíz de un hecho "grave" ocurrido en julio, cuando se detuvo a un individuo por un delito contra la salud pública y omisión del deber de socorro tras intentar deshacerse de un cadáver en la vía pública de este barrio. Pese a la gravedad del suceso, este no generó la adopción de ninguna medida adicional en la seguridad de la zona por parte de los responsables policiales y políticos, hasta que el hecho fue divulgado por medios de comunicación el 2 de noviembre. Dos días después, el 4 de noviembre, se convocó la Junta Local de Seguridad, cuyas conclusiones, según afirman las organizaciones, se mantienen en la "opacidad más absoluta", aunque han trascendido dos consecuencias que califican de "claras y dramáticas".
La primera consecuencia mencionada se refiere a la continuidad en la inutilización de los calabozos de la Policía Local, un hecho que califican como "fruto de un conflicto provocado" que afecta a la funcionalidad de ambos cuerpos. Esta situación ha conllevado una "merma operativa crítica", obligando a la Guardia Civil a destinar como mínimo una dotación completa por turno exclusivamente al traslado de detenidos. Esta labor, denuncian, impide ejercer la prevención de la delincuencia y atender novedades en el resto de la localidad durante varias horas, dejando "desprotegidos a los ciudadanos".
La segunda consecuencia señala la "exposición temeraria permanente de los agentes", tras emitirse una Orden de Servicio que obliga a patrullar "únicamente el barrio de las 200 Viviendas" con las patrullas de la Guardia Civil en colaboración con la Policía Local. Esta medida, que consideran un "parche político que no solucionará los problemas de fondo", expone "de manera temeraria e incongruente la integridad física de los agentes, utilizándolos como un escudo humano". La situación descrita se traduce en un "secuestro" de los "ya escasos medios de seguridad", pues mientras una dotación queda destinada a labores de traslado y otras son confinadas en un solo barrio, el resto del municipio de Roquetas de Mar se encuentra desprotegido, quedando la seguridad ciudadana de los "verdaderos contribuyentes al amparo de su suerte".
Ante esta panorámica, desde Jucil y CEM han realizado un llamamiento a las autoridades políticas competentes para que "asuman sus responsabilidades, doten de medios personales y materiales suficientes a las fuerzas de seguridad y rectifiquen las medidas adoptadas que ponen en riesgo a los agentes". Finalmente, también han reclamado que se asuma "de una vez por todas la obligación de acotar y reducir el grave problema de inseguridad en el municipio, con soluciones reales y no con parches que empeoran la situación y ponen en riesgo a los agentes y a la ciudadanía".
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