La sesión de control al Gobierno andaluz en el Parlamento de Andalucía se ha convertido en un nuevo campo de batalla a raíz del ‘caso Mascarillas’ de Almería. El parlamentario socialista Mario Jiménez dirigió una contundente pregunta al consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, sobre la posible implicación de la Junta en el escándalo de contratación sanitaria durante la pandemia.
Jiménez, en un tono que llamó a la tranquilidad de Sanz de forma irónica, preguntó directamente: “¿Conocía el gobierno de Moreno Bonilla, conocía el presidente de la Junta de Andalucía, los mangazos indecentes que estaba dando la mafia de Almería con la contratación de productos sanitarios durante la pandemia?”
"A-92 de la Corrupción"
Antonio Sanz, visiblemente molesto por las alusiones a su persona y la de otros dirigentes del PP, respondió asegurando que no le preocupan las acusaciones y que la legalidad, seguridad jurídica y transparencia están “garantizada[s]… en la contratación de material sanitario que lleva a cabo el SAS”. El consejero sentenció: “No tenga usted la menor duda de que así seguirá siendo mientras que el presidente sea Juanma Moreno. Por lo tanto, señoría, aquí también pinchan el hueso”.
El socialista, en su réplica, elevó el tono de la acusación, asegurando que en Almería no pinchan en hueso, sino “en dientes”, haciendo referencia al lenguaje en clave que utilizaban los investigados. Jiménez afirmó que el escándalo es la punta del iceberg de una red corrupta que su partido ha denunciado durante años, asegurando que la trama es el “comportamiento de una estructura criminal organizada” que se beneficia del dinero público.
El parlamentario se refirió a los hallazgos en los registros para ilustrar la gravedad del caso: “El presidente de la Diputación Provincial tiene armas en los cajones. Y los alcaldes del Partido Popular tienen cientos de miles de euros en las fundas de las almohadas, mientras miles de almerienses pierden el sueño porque el dinero de la sanidad pública se destina a privatizaciones corruptas, señor Sanz”.
Jiménez denunció además que el caso ya ha desvelado una “A-92 de la corrupción que une Almería, pasando por Málaga, con Sevilla”, confirmando que hay “contratos muy sustanciosos de la Junta de Andalucía con la mafia de Almería, señor Sanz, casualmente desde consejerías lideradas por consejeros de Almería, dirigentes del PP de Almería”.
El Contragolpe del 'Caso Koldo'
Antonio Sanz devolvió el golpe al Grupo Socialista, ligando las acusaciones a los recientes escándalos de corrupción que afectan al PSOE a nivel nacional. “Hay que tener mucho desparpajo para venir a este Parlamento con secretario de organización en la cárcel y venir usted a hablar aquí de corrupción, señoría,” atacó Sanz, en alusión al 'caso Koldo' y la figura de José Luis Ábalos.
El consejero acusó a Jiménez de intentar tapar los escándalos a nivel estatal, y de no preocuparle realmente la sanidad: “Usted lo que se dedica es a intentar tapar al señor Koldo o al señor Ábalos”.
Finalmente, Sanz desvió la atención del debate a un problema inminente en la sanidad andaluza: una huelga de médicos por el Estatuto Marco. El consejero pidió al parlamentario socialista un “favor”, que llamase a la ministra de Sanidad para que resolviera el conflicto, ya que la huelga supondrá “cuatro días sin poder hacer atención sanitaria a los andaluces”. Sanz concluyó señalando que los andaluces deben saber que la huelga es “por culpa del Gobierno de España… por la dejación de la ministra”.
¡La A-92!
La alusión del parlamentario socialista Mario Jiménez a una "A-92 de la corrupción" para describir la supuesta extensión de la trama de contratos del PP en Almería a Sevilla, ha generado un riesgo político para el PSOE-A, pues evoca dos episodios sensibles vinculados a su propia historia de gobierno en Andalucía: la corrupción en las obras públicas y el histórico agravio territorial con Almería. El trazado de la A-92 estuvo en el centro del conocido como "Caso Ollero" a principios de los años 90, una investigación sobre el presunto cobro de comisiones ilegales en las consejerías de Economía y Obras Públicas de la Junta para la supuesta financiación irregular del PSOE.
El origen del caso se remonta a diciembre de 1991, cuando un anónimo denunció comisiones ilegales. La investigación se precipitó con la detención, en julio de 1992, de Jorge Ollero con 22 millones de pesetas, hermano del entonces director general de Carreteras de la Junta, Manuel Ollero.
- Comisiones y Dimisión: Jorge Ollero confesó inicialmente que el dinero procedía del pago de una comisión por la adjudicación a la empresa OCISA de un tramo de la carretera Málaga-Granada (valorado en 2.854 millones de pesetas), implicando a su hermano y al entonces secretario general del PSOE andaluz, Carlos Sanjuán. Aunque el empresario Jesús Roa (presidente de OCISA) reconoció haber pagado una comisión de 28 millones de pesetas en concepto de "asesoramiento", Manuel Ollero dimitió en agosto de 1992 por razones "estrictamente personales".
- Juicio y Condenas: Tras un largo proceso judicial (el juicio no se inició hasta 1999), la Audiencia de Sevilla dictó sentencia. Aunque el consejero de Obras Públicas, Juan López Martos, fue absuelto, otros implicados fueron condenados:
- Manuel Ollero fue condenado a un año de suspensión de cargo público por revelación de secretos.
- Su hermano, Jorge Ollero, fue condenado a tres meses de arresto mayor por tráfico de influencias.
- Jesús Roa (presidente de OCISA) fue condenado a un año de prisión por falsificación de documento mercantil y a tres meses más de arresto mayor y 110 millones de multa por cohecho.
La sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo en 2001. En el debate político actual, invocar un caso ligado al cohecho y el tráfico de influencias en la adjudicación de obra pública bajo gobiernos socialistas puede restar credibilidad a las acusaciones del PSOE contra el PP por el caso 'Mascarillas'.
Más allá del lastre judicial, la A-92 es recordada en Almería por el grave retraso que sufrió su tramo final para conectar Guadix con la capital. Mientras el resto de Andalucía se unía por la autovía, el acceso al Levante almeriense tardó aproximadamente una década en completarse, una demora que la sociedad almeriense interpretó como un agravio territorial y una prueba de la desatención del Gobierno andaluz hacia la provincia.
La invocación de la A-92 en el Parlamento, por tanto, se presenta como un doble riesgo para el PSOE al desenterrar tanto un caso de financiación irregular propio como el recuerdo del perjuicio sufrido por los almerienses en materia de infraestructuras.
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