Hay un deporte de riesgo que practican con maestría los políticos de cualquier pelaje: intentar convencernos de que un parche en la rueda es, en realidad, un coche nuevo. Se ponen estupendos ante el atril, ajustan el tono de voz para que suene a "compromiso social" y nos lanzan titulares que, a poco que uno escarbe con la uña, revelan una realidad bastante más gris de lo que pinta el folleto oficial.
Esta semana, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía se ha colgado una medalla de esas que brillan mucho pero pesan poco. Han anunciado con orgullo que el pago del Bono Social Térmico en la Comunidad Autónoma para este 2025 ha ascendido a casi 41 millones de euros, atendiendo a 277.440 personas. La cifra se vende como un hito de gestión, una demostración de músculo inversor frente a la vulnerabilidad. Y es cierto que los datos no mienten: en 2021 la partida era significativamente menor, y la curva no ha hecho más que subir año tras año.
Pero, vamos a ver, ¿desde cuándo que haya más gente necesitando una limosna pública para no morir de frío en invierno o de un síncope en agosto es una "buena noticia"? Si el presupuesto del Bono Social Térmico sube, no es porque seamos más generosos, es porque los andaluces somos más pobres. Es el reconocimiento oficial de que miles de familias en esta provincia y en el resto de la Comunidad Autónoma son incapaces de costearse algo tan básico como el aire acondicionado o la calefacción. Vender esto como un éxito es como si un médico presumiera de tener la sala de urgencias llena: oiga, a lo mejor es que la salud pública de la zona está hecha unos zorros.
No contentos con esto, nos llega la segunda "gran noticia": la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, dirigida por Rocío Díaz, ha confirmado que mantendrá las ayudas al transporte público en 2026, financiando de forma "voluntaria" un 20% adicional a la bonificación que ya aporta el Estado.
Sobre el papel, suena de cine. ¿Quién no quiere pagar menos por el autobús del Consorcio? Pero la trampa es la misma. Si la Junta de Andalucía tiene que prorrogar estas ayudas es porque, sencillamente, la economía real de los ciudadanos no permite pagar el precio de mercado del billete. Dependemos de la respiración asistida del dinero público para poder ir a trabajar o al médico.
Y aquí entra el factor del "miedo al titular". Imaginen por un segundo que el Gobierno de Juanma Moreno decidiera, por un arranque de honestidad estadística, que la situación ha mejorado y que ese 20% ya no es necesario. El linchamiento de la izquierda sería de época: "insensibilidad", "atropello a las clases trabajadoras", "recortes sociales".
Ante la duda, nada como seguir abriendo el grifo. Total, el dinero no es de nadie (o eso creen algunos) y queda mucho mejor en una nota de prensa decir que "ampliamos la cobertura" que admitir que no hemos sido capaces de crear un entorno económico donde la gente se gane la vida lo suficiente como para no necesitar que el Estado le pague el ticket del bus.
Al final, nos estamos acostumbrando a vivir en una sociedad subvencionada donde el éxito político se mide por el número de personas que dependen de una ayuda. Se ponen tan contentos dándonos el cheque que se les olvida que el objetivo real debería ser que no lo necesitáramos. Pero claro, decir que el año que viene habrá menos beneficiarios del bono térmico porque los almerienses ya pueden pagar su factura de la luz sería una noticia excelente que, paradójicamente, ningún político se atrevería a dar por miedo a parecer poco "social".
Así que nada, bienvenido sea el gasto, que ya estamos en fechas de regalos y parece que en San Telmo siempre es Navidad con el dinero del contribuyente.
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