La actividad judicial en Almería se intensifica tras la decisión del Juzgado de Instrucción número 5 de la capital de incoar diligencias previas para investigar el asalto perpetrado contra la iglesia de San Roque. Este procedimiento surge como respuesta directa a la denuncia interpuesta por la Fundación Española de Abogados Cristianos, tras los graves incidentes ocurridos en el emblemático templo situado en el barrio de la Pescadería durante la madrugada del pasado 30 de octubre de 2025. Los hechos investigados revisten una especial gravedad para la comunidad local, ya que el autor del asalto no se limitó únicamente a la sustracción de bienes, sino que incurrió en actos de carácter vejatorio que han generado una profunda indignación entre los vecinos y fieles de esta zona de la ciudad.
El relato de los hechos que ahora analiza la justicia describe una incursión violenta en la que el responsable causó importantes daños materiales en las infraestructuras del edificio religioso. Según consta en la información judicial, el individuo fracturó puertas de acceso, armarios y diversos enseres del recinto, además de destruir los lampadarios del templo. El objetivo económico de la incursión se centró en los limosneros, que fueron manipulados de forma destructiva para sustraer el dinero en metálico que contenían. Sin embargo, la investigación pone el foco no solo en el perjuicio patrimonial, sino también en el fuerte componente simbólico del ataque, ya que el asaltante defecó en el interior del lugar de culto, un gesto que ha sido calificado como un acto de desprecio y profanación hacia el espacio sagrado de la comunidad parroquial.
Desde la organización que ha impulsado la denuncia se ha formalizado la acusación por presuntos delitos de robo con fuerza en las cosas y de profanación, tipificados en el Código Penal. La jueza encargada del caso ha determinado que existen indicios suficientes para considerar que los hechos podrían ser constitutivos de delito, señalando además que el presunto autor ya contaba con antecedentes penales previos a este suceso. Esta situación ha reabierto el debate sobre la protección de los sentimientos religiosos y la seguridad en los centros de culto de la provincia, especialmente en barrios con una identidad comunitaria tan arraigada como Pescadería, donde el ataque ha sido percibido como una agresión directa a la convivencia ciudadana.
Por su parte, la presidenta de la organización denunciante, Polonia Castellanos, ha manifestado su preocupación por lo que considera un incremento de los ataques hacia los cristianos y sus espacios de fe en todo el Estado español. La representante legal ha criticado las intenciones de reforma legislativa que buscan eliminar los delitos contra los sentimientos religiosos, argumentando que los templos son espacios sagrados para millones de personas y que la justicia debe actuar con firmeza para frenar lo que define como una situación de hostilidad constante. Mientras tanto, la instrucción en los juzgados de Almería continuará su curso para depurar las responsabilidades penales derivadas de este asalto que ha conmocionado a la opinión pública almeriense.
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