Humo en los ladrillos

Me voy a permitir titular este artículo con el título del libro de mi amigo Enrique Martínez Leyva, y pasar de su "Humo en los zapatos" a "Humo en los ladrillos", y ahora leerán por qué.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha decidido bajar al sur, a su tierra, a esa Andalucía donde se postula como la gran esperanza blanca —o roja— del PSOE, para prometer nada menos que 100.000 viviendas. Así, a puerta gayola. La cifra es redonda, bonita, de las que llenan titulares y vacían la credibilidad cuando uno rasca un poco la superficie con la uña del dato.

Resulta intersante ver cómo el Gobierno central maneja la aritmética de la construcción. Es una matemática creativa, casi mágica. Hagamos memoria, que es el peor enemigo de la política ficción: en 2023, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió el impulso de 183.000 viviendas asequibles. Estamos en 2026 y, si usted sale a la calle y busca una de esas casas levantadas por el Estado, tendrá más suerte encontrando agua en el desierto de Tabernas. La cifra real de viviendas construidas y entregadas directamente por la Administración General del Estado es cero.

La hemeroteca es cruel. En julio de 2024, se anunció a bombo y platillo un plan para 43.000 viviendas destinadas al alquiler social. Luego sumaron las de la SAREB (el banco malo... y por tanto, como todos los bancos ) y las del Ministerio de Defensa. En 2025, el Ejecutivo sacó pecho diciendo que ya había "movilizado" 80.000 viviendas. El truco del almendruco es que se estaban atribuyendo el mérito de promociones que, en realidad, habían levantado ayuntamientos y comunidades autónomas, y ni aún así llegaba a esa cifra. El Gobierno central, en su papel de Estado, no ha puesto ni un ladrillo, pero se ha hecho la foto en todos los andamios.

Y ahora llega la señora Montero y sube la apuesta para Andalucía. Pero atención a la letra pequeña, que es donde se esconde el diablo y la falta de liquidez. La vicepresidenta asegura que esas 100.000 viviendas las puede construir la Junta de Andalucía, presidida por Juanma Moreno, pero —y aquí viene el giro— con el dinero que el Estado debería transferirle a través de un nuevo sistema de financiación autonómica que el propio gobierno andaluz rechaza por considerarlo un caramelo envenenado.

Lo más fascinante es la explicación financiera de la ministra. Ella misma se pregunta de dónde saldrían esos supuestos 4.000 o 5.000 millones de euros extra para Andalucía. Y se responde con una sinceridad que hiela la sangre: es dinero que el Estado detrae de sus propias competencias para dárselo a las comunidades. La pregunta cae por su propio peso, aplastando cualquier lógica presupuestaria: si el Gobierno central se vacía los bolsillos y renuncia a los fondos de sus competencias para repartirlos entre las autonomías, ¿con qué dinero piensa el Estado cumplir con sus obligaciones presupuestarias? ¿Vamos a pagar las pensiones o la defensa con vales descuento? Es un hacerse trampas al solitario de manual, un juego de trileros donde la bolita no está en ningún vaso.

Mientras los políticos juegan al Monopoly con dinero que no tienen, la realidad en la calle es otra. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hay más de 7 millones de viviendas en manos de familias que poseen más de un inmueble. Y no, no se imaginen al Tío Gilito nadando en monedas de oro ni a fondos buitre con chistera. Hablamos de la viuda que se fue a vivir con su hija, del matrimonio que juntó dos pisos al casarse, o del heredero que recibió el apartamento de sus padres en El Zapillo o en Aguadulce.

¿Por qué esa gente no alquila? ¿Por qué prefieren tener la casa cerrada y pagar religiosamente la imputación de rentas en el IRPF antes que sacarla al mercado? La respuesta no está en la codicia, sino en el miedo. El miedo a la inquiokupación. A meter a alguien en tu casa, que te pague dos meses para disimular y luego se atrinchere, amparado por una lentitud judicial exasperante.

Al pequeño propietario le sale más a cuenta pagar el recargo del IBI o el impuesto que se inventen por tener la casa vacía, que arriesgarse a que le destrocen el inmueble, y además tenga que estar un año pagando suministros e impuestos, abogado, procurador... e incluso a una empresa de "desokupación". La ecuación es simple: el coste fiscal es una certeza asumible; el coste de recuperar una vivienda destrozada tras dos años de impagos es una ruina inasumible. Y aunque las estadísticas oficiales digan que la ocupación es residual —un argumento que repiten mucho desde Madrid—, la percepción de riesgo es lo que mueve el mercado. Si usted cree que va a llover, coge el paraguas, aunque el meteorólogo diga que hace sol.

Aquí es donde la ideología choca con el pragmatismo. Si de verdad quisieran solucionar el problema del alquiler asequible, en lugar de prometer viviendas fantasmas que tardarán años en construirse (si es que se construyen), el Estado podría hacer algo mucho más barato y efectivo mañana mismo: ofrecer seguridad jurídica.

Imaginen un seguro público de alquiler. Una póliza estatal que cubra al propietario ante el impago y los desperfectos, a cambio de que ponga su vivienda en el mercado a un precio razonable y con un contrato legal. Si de esos 7 millones de viviendas vacías lográramos sacar al mercado solo una séptima parte, tendríamos un millón de hogares disponibles de inmediato. Sin poner un ladrillo, sin recalificar suelos y sin esperar a 2030. Le costaría al Estado infinitamente menos pagar esas pólizas de seguro que financiar la construcción de bloques enteros que, a día de hoy, solo existen en los powerpoints de los ministerios.

Pero claro, eso implicaría admitir que el problema no es solo la falta de hormigón, sino la falta de confianza. Y generar confianza es mucho más difícil que prometer castillos en el aire desde un atril en Sevilla. Mientras tanto, en Almería seguiremos esperando, que es lo que mejor se nos da, a que alguien deje de jugar con los números y empiece a entender a las personas.