Hay una pregunta flotando en la brisa marina del puerto de Almería que pocos se atreven a formular sin rodeos mientras observan miles de vehículos realizar sin problemas la Operación Paso del Estrecho: si cruzar el Mediterráneo a nado es un riesgo mortal, ¿por qué miles de ciudadanos marroquíes eligen jugársela en los espigones de Ceuta en lugar de sacar un billete de ferry y desembarcar tranquilamente en esta u otras provincias?
La respuesta arranca con un matiz burocrático decisivo. La idea de que basta con enseñar el pasaporte en el control aduanero para entrar al Estado español choca de frente con el muro del visado Schengen. Lo cierto es que cualquier marroquí puede pedir el pasaporte y cruzar, como lo hacen a diario miles de sus compatriotas, porque los requisitos para obtenerlo son básicamente los mismos que en España... por ejemplo, no tener causas penales pendientes, que se le haya retirado por seguridad nacional, que esté incurso en investigaciones abiertas... insisto, lo mismo que aquí.
De ahí que el ferry que une Nador con el puerto de Almería no sea una opción abierta a cualquiera para quien no dispone de solvencia económica o busca esquivar intencionadamente a la justicia de su propio país.
Ese es el currículo de nuestro particulares espaldas mojadas. Cualquier marroquí sin cuentas pendientes con la policía o los tribunales, puede plantarse en Madrid y buscarse la vida, hasta que le caduque el visado, y entonces, decidir si regresa o se queda de modo irregular, sin tener que haber dado una brazada en el Mediterráneo.
Cosa distinta fue el episodio vivido en Ceuta, donde la entrada masiva no respondió a la desesperación individual, sino a una calculada maniobra de presión geopolítica orquestada desde Rabat para descolocar al Ejecutivo de Pedro Sánchez y poner a prueba la gestión del ministro Fernando Grande-Marlaska.
Donde la lógica salta por los aires es en la gestión de los menores. Ningún progenitor puede aterrizar con sus hijos en el aeropuerto de Almería, dejarlos en la terminal y regresar a su país en el siguiente vuelo sin afrontar penas de cárcel por abandono. Sin embargo, hacerlos cruzar de forma irregular la frontera de Ceuta o Melilla activa de inmediato el protocolo de protección del Estado. En ese momento, la Comunidad Autónoma de Andalucía, bajo la administración de Juanma Moreno, queda obligada legalmente a asumir la tutela. Techo, manutención, sanidad y educación asegurados a costa de las arcas públicas de los ciudadanos españoles, mientras los padres pueden cruzar tranquilamente en barco para visitarlos cuando les apetezca. Una peculiar beca institucional que convierte la política fronteriza en un rompecabezas sin sentido.
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