El Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres reclama la resolución urgente del indulto de María Salmerón

El Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM) ha remitido con carácter de urgencia una carta al ministro de Justicia en funciones para que resuelva de manera inmediata la petición realizada por la sociedad civil, grupos políticos, entidades sociales y demás colectivos del indulto para María Salmerón Parrilla, ante su inminente ingreso en prisión, previsto para el próximo 20 de julio.

El CAPM entiende que podría darse el caso de que se proceda a su entrada en prisión antes de que se produzca la resolución de la petición del indulto, una mujer víctima de violencia de género que ha sido condenada por negarse a cumplir el régimen de visita de su agresor a su hija.

El CAPM ha solicitado al ministro que tenga en consideración el pronunciamiento del Consejo de Ministros en funciones del pasado 5 de febrero, en el que con las mismas circunstancias se otorgó un indulto parcial.

Junto a ello, el órgano representante del asociacionismo de mujeres en las políticas públicas de la Junta de Andalucía ha reclamado que no se concedan regímenes de visita a los maltratadores, al tratarse de una situación de riesgo para las hijas e hijos. Se trata además de una petición que va en la línea de las iniciativas incluidas en la propuesta andaluza de Pacto de Estado para la Erradicación de la Violencia de Género, presentada por el Gobierno andaluz a finales del pasado año.

Dicho pacto, impulsado ante el constante goteo de asesinatos, la falta de reacción por parte del Gobierno central y los recortes estatales de la última legislatura plantea medidas urgentes de competencia estatal, tales como la suspensión del régimen de visitas a los hijos para las personas denunciadas o condenadas por maltrato; la reposición del presupuesto estatal en prevención y asistencia social, recortado durante los últimos cuatro años un 17%; el mantenimiento de la red de atención directa en todos los niveles territoriales, y la reactivación inmediata de la actividad del Instituto de la Mujer estatal. El documento también propone el restablecimiento de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y la inclusión en las estadísticas oficiales de las víctimas indirectas (familiares, amistades y entorno más íntimo de las mujeres) para conocer el alcance real de esta lacra.

El texto cuenta con el respaldo del CAPM, que ha presentado un total de 500 aportaciones a la propuesta inicial, así como de varias comunidades autónomas, entre ellas Extremadura, Canarias, Asturias y la Comunidad Valenciana.