Lo que ha sucedido y está sucediendo en lo que pomposamente denominaban algunos medios como “complejo residencial” de El Patio, en el barrio de Pescadería, es cuando menos, paradójico.
Una de las señoras que tomó la palabra en el pleno municipal para preguntar directamente al alcalde, Ramón Fernández Pacheco, sobre la situación del centenar de viviendas desalojadas por orden municipal, ante el riesgo de derrumbe, comenzó diciendo que “no pido que me den una casa”, y claro… la pregunta es ¿y por qué debía darle el Ayuntamiento una casa? ¿debe el Ayuntamiento darle una casa todas aquellas familias a las que se les cae la suya? ¿no deberían esas viviendas tener un seguro para emergencias como la presente?
Otra de las intervinientes reconoció que “la casa es del banco”. Es decir, que los legítimos propietarios de la vivienda fueron desahuciados por un banco al no poder pagar la hipoteca, y que por el método Corcuera (el de la patada en la puerta) se ha metido a vivir ahí mismo otra familia, pero ésta sin pagar nada ¿no es eso injusto? Quien seguramente pagó durante años religiosamente, al llegar la crisis –tal vez- ya no pudo hacerlo y le quitaron la casa ¿dónde estarán ahora, qué pensarán al ver esto?, y ahora la habita quien no ha pagado nada… o sí, ya que no sería tampoco nada extraño que le estén pagando un “alquiler” o se la hayan “comprado” a un tercero, que podría haber sido quien reventó la entrada.
Se quejaba también de la instalación eléctrica, al tiempo que reconocía tener el suministro ilegal, y por tanto con gran riesgo, no sólo para su familia, sino para la totalidad de vecinos del “complejo residencial”. ¿Qué hacemos si aquello sale ardiendo? ¿Y si se les corta la electricidad a todos los "enganchados"?
Pero lo peor es que cuando todos los grupos políticos han tenido un comportamiento ejemplar, y ni el PSOE, ni IU, ni Ciudadanos, han dedicado ni un minuto a hacer demagogia sobre el asunto, cuando el alcalde abrió el turno de palabra excepcional y fuera de reglamento, para atender a las preocupaciones de los desalojados, el primero que quisiera intervenir –y que fue cortado- buscara precisamente politizar el tema sin ser un afectado directo. Los afectados fueron claros, y sus preguntas se refirieron a cuando podían volver a sus casas, con qué seguridad, y qué iba a ser de ellos mientras y después. Eso es lo que les preocupa.
Es comprensible que el Ayuntamiento ayude a estos vecinos en estas circunstancias, sea cual sea su situación concreta. Les está ayudando apuntalando las zonas comunes, que cuesta dinero, y ha encargado un estudio sobre el estado del inmueble, que también cuesta dinero, y les ha dado alojamiento gratuito mientras se resuelve la situación, que también cuesta dinero que pagamos entre todos los almerienses… pero poco más se puede hacer en un edificio privado, es decir, que tiene unos propietarios, que son los dueños y responsables de lo que en él ocurra, empezando por el estado del mismo.
Esperemos que pronto puedan volver a sus casas, o a las casas de las que los bancos echaron a quienes llevaban años pagando hipoteca, y que puedan ver en sus televisiones de ochenta pulgadas –de pared a pared prácticamente- el próximo pleno municipal.
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