La Audiencia Provincial de Almería ha decidido reabrir la investigación judicial contra el alcalde de Lubrín, Domingo Ramos, del PSOE. Esta decisión busca aclarar la suspensión y posterior licitación a otra empresa de unas obras en el municipio que se llevaron a cabo a finales de diciembre de 2020. La reapertura se fundamenta en la necesidad de practicar nuevas pruebas que no se realizaron anteriormente, con el fin de determinar si hubo una presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa y falsedad documental.
En un auto emitido el pasado 28 de mayo, la Sección Tercera acogió favorablemente el recurso de apelación presentado por la empresa que inicialmente denunció los hechos. Este tribunal revocó el auto que había dictado el sobreseimiento provisional del caso, señalando que era necesario recopilar informes y expedientes para esclarecer los hechos.
Nueva luz sobre las obras interrumpidas
La investigación se inició tras una querella presentada por la empresa afectada. A finales de noviembre de 2020, esta compañía recibió el encargo para realizar obras de pavimentación en varias calles del municipio. Sin embargo, las obras fueron subcontratadas a otra empresa y posteriormente interrumpidas por orden del alcalde justo después de las festividades navideñas, cuando estaban listas para ser retomadas.
El objetivo del proceso es determinar si el expediente utilizado para contratar la finalización de las obras fue alterado deliberadamente mediante la manipulación de informes, con el propósito de dar "apariencia legal" a la paralización impuesta por el Consistorio.
Decisiones judiciales y nuevos pasos
A pesar de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vera archivó las actuaciones tras tomar declaración al alcalde y a varios empresarios, la Audiencia ha considerado pertinente reexaminar el caso. El tribunal destacó que, casi tres meses antes del archivo, otro tribunal había dispuesto realizar nuevas pruebas que nunca se llevaron a cabo.
La Audiencia ha ordenado recabar todos los expedientes relacionados con las obras tanto del Ayuntamiento como de la Diputación de Almería. También se requieren informes y certificaciones administrativas para decidir si hay indicios suficientes para continuar con la causa o decretar su sobreseimiento.
Advertencias previas y consideraciones legales
El tribunal recordó que ya había advertido tres meses antes del archivo que sería "razonable y conveniente" acceder a estos documentos para determinar si era necesario dirigir acciones penales contra posibles responsables identificados. En un principio, el juez había desestimado la posibilidad de un delito de prevaricación basado en una resolución municipal que ordenaba detener los trabajos públicos junto con un escrito del alcalde solicitando autorización a la Diputación para finalizar las obras con recursos propios.
Asimismo, el instructor no detectó inicialmente indicios suficientes para considerar un delito de falsedad documental en relación con los expedientes e informes derivados de la paralización. Se aceptó que existían "registros independientes" y "no consecutivos" en la numeración sin implicar manipulación alguna.