El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha decidido autorizar al Gabinete Jurídico para presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Este recurso se interpone contra el Real Decreto Ley 2/2025, de 18 de marzo, que establece medidas urgentes para garantizar el interés superior de la infancia y la adolescencia en situaciones migratorias extraordinarias.
La Junta busca asegurar una atención digna y de calidad a los menores, tanto a aquellos que serán trasladados como a los que ya están bajo el sistema de protección andaluz. Se pretende evitar que estos menores se vean perjudicados por decisiones impuestas sin los recursos necesarios.
Cuestionamientos sobre la urgencia del decreto
Este nuevo marco legal modifica la Ley Orgánica 4/2000, que regula los derechos y libertades de los extranjeros en España, y establece una nueva normativa sobre la situación de los menores extranjeros no acompañados, así como su posible traslado entre comunidades autónomas.
Sin embargo, el Gobierno andaluz pone en duda la declaración de «extraordinaria y urgente necesidad» que justifica este RDL. Asegura que, aunque la crisis migratoria ha sido evidente durante más de un año, ya existen mecanismos legales previos, como el Modelo de Gestión de Contingencias Migratorias para la Infancia y Adolescencia no acompañada aprobado en 2022. Por ello, considera que no se justifica adecuadamente la urgencia para modificar la Ley Orgánica 4/2000.
Competencias y financiación en juego
Además, la Junta argumenta que el texto aprobado excede las competencias estatales e invade las competencias exclusivas de Andalucía en materia de protección de menores. Esto vulnera los principios de autonomía y solidaridad entre comunidades al imponer criterios de reparto desiguales.
En otro punto crítico, el Gobierno andaluz también cuestiona la viabilidad financiera del mecanismo propuesto para compensar a las comunidades autónomas por los costes asociados a la atención a menores extranjeros no acompañados. Aunque se plantea la creación de un fondo, no se detalla su regulación, lo que genera una situation of legal insecurity contraria a lo estipulado por la Constitución Española.
Puesta en valor de los derechos infantiles
Con este recurso ante el Tribunal Constitucional, la Junta defiende su autonomía competencial y exige un trato equitativo para todas las comunidades del Estado español. Además, enfatiza la importancia de preservar la dignidad y garantizar los derechos de los menores migrantes, rechazando cualquier intento de tratarlos como mercancía al servicio del interés político.
Finalmente, recalca que la política migratoria, especialmente aquella relacionada con menores no acompañados, debe ser fruto del consenso entre todas las comunidades. Asimismo, es fundamental contar con una financiación adecuada para evitar el colapso en los recursos destinados a proteger a estos menores, quienes en Andalucía ya operan al límite de su capacidad.
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