Gobierno avanza en expropiación de terrenos en El Algarrobico tras rechazar alegaciones de Azata

El Gobierno ha tomado la decisión de avanzar en el proceso de expropiación parcial de los terrenos donde se ubica el hotel promovido por Azata del Sol en El Algarrobico, Carboneras (Almería). Esta medida se enmarca en la necesidad de derribar el inmueble, después de que se rechazaran las alegaciones presentadas por la empresa al respecto.

En una reciente resolución consultada por Europa Press, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha dado luz verde a la ocupación definitiva de 16.432 metros cuadrados de "suelo no urbanizable" que invaden el dominio público marítimo-terrestre. Este paso es crucial para llevar a cabo la expropiación forzosa del área afectada.

Propuesta de precio y valoración

Como única parte interesada en el proceso, Azata del Sol deberá presentar un precio que facilite la adquisición "por mutuo acuerdo" del edificio. Además, se le solicita que formule una hoja de aprecio y proponga criterios para la valoración correspondiente.

Este acuerdo, que puede ser objeto de recurso de alzada, implica la expropiación solo de una fracción de los 32.654 metros cuadrados que ocupa el hotel. La otra mitad del terreno se encuentra dentro del espacio protegido del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, competencia de la Junta de Andalucía.

Rechazo a la expropiación como método

Desde el Gobierno andaluz se ha desestimado utilizar la vía expropiatoria como mecanismo para facilitar la demolición del hotel. En su lugar, han insistido en la necesidad de anular la licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento de Carboneras en 2003. Esta cuestión recae sobre el Consistorio, ante lo cual la Junta ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que establezca un plazo "final y perentorio" para ejecutar la sentencia que ordena revisar dicho permiso municipal.

A través del documento emitido, el delegado del Gobierno subraya que hasta ahora se ha demostrado "la necesidad" de ocupar esa parte del edificio que invade la zona costera con una servidumbre de cien metros, lo cual es esencial para proceder con la expropiación forzosa estipulada en un plazo máximo de cinco meses desde febrero.

AAGESEN ESPERA CULMINAR \"A LO LARGO DE ESTE AÑO\"

En declaraciones a los medios en Sevilla, Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica, expresó su confianza en que el proceso expropiatorio pueda finalizar "a lo largo de este año". Aagesen destacó que se podrá actuar sobre aquella parte del hotel donde el Gobierno tiene competencias.

La ministra también afirmó que el Ejecutivo tiene legitimidad para continuar con este procedimiento a pesar del recurso contencioso-administrativo interpuesto por Azata del Sol contra el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros en febrero pasado, que daba inicio a los trámites necesarios para declarar como utilidad pública esta actuación.

Cuestionamientos sobre delimitación y garantías legales

Azata del Sol presentó alegaciones al procedimiento expropiatorio el pasado 12 de mayo con el objetivo de intentar anularlo. Entre sus argumentos figuraba que los terrenos destinados a expropiar no estaban bien delimitados y carecían de información completa sobre el inmueble. Para respaldar su postura, aportaron un informe pericial que evidenciaba lo que consideraban una descripción "incorrecta".

Además, cuestionaron si el procedimiento cumplía con las garantías legales necesarias y señalaron una falta justificada para llevar a cabo la expropiación. En respuesta a estas alegaciones, la Abogacía del Estado elaboró un nuevo informe técnico encargado a los servicios competentes para validar la necesidad argumentada para justificar este proceso.

Criterios sobre uso y destino

Desde el Gobierno defienden que se ha realizado una correcta identificación y delimitación tanto geográfica como legalmente adecuada respecto a los terrenos afectados por la Ley de Costas. Esto incluye gran parte del hotel compuesto por 411 habitaciones y varias plantas aún inacabadas.

Se sostiene así que mantener dicho inmueble donde actualmente está ubicado resulta inviable debido a su clasificación como suelo no urbanizable y su declaración judicial como espacio natural protegido. A pesar de que aún no se haya anulado formalmente el permiso concedido para su construcción, las autoridades recalcan que su uso es "incompatible" tanto con las normativas sobre protección costera como con su inclusión dentro del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) correspondiente al Cabo de Gata.

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