El Ayuntamiento de Almería ha sido escenario de un intenso debate en torno al funcionamiento del sistema de dispositivos telemáticos de control, conocido como COMETA, herramienta clave para garantizar la seguridad de mujeres víctimas de violencia de género y víctimas sexuales mediante la vigilancia del cumplimiento de las medidas judiciales de alejamiento. Una moción presentada por el Grupo Popular, defendida por la concejal Paola Laynez, puso el foco en supuestos fallos graves del sistema y la gestión de la crisis por parte del Gobierno de España.
La concejal Laynez inició el debate haciendo un llamamiento a priorizar la protección y defensa de la dignidad de las víctimas, calificando la violencia contra las mujeres como "la expresión más inaceptable de desigualdad". El problema se ha centrado en los dispositivos COMETA, donde, tras un cambio de prestador de servicio en 2023, se han detectado "fallos graves en la migración de datos y en el funcionamiento de los dispositivos".
Denuncia de fallos y desprotección
Según la exposición de la moción, estas incidencias han conllevado la "pérdida de información histórica, problemas de localización y cobertura e incluso casos en los que los agresores se han podido quitar las pulseras sin ninguna dificultad". Laynez indicó que estas alarmas han sido denunciadas por la Fiscalía Especializada, sindicatos policiales, jueces de violencia sobre la mujer y abogados especializados, provocando "sobreseimientos provisionales a soluciones de agresores y una grave desprotección de las víctimas". Se recordó también que el propio Observatorio de la Violencia del Consejo General del Poder Judicial advirtió en su día del "riesgo de adjudicar el contrato a empresas sin experiencia suficiente en este ámbito".
La concejal popular criticó duramente la gestión política del Ministerio de Igualdad, que ha intentado "minimizar los problemas hablando de incidencias puntuales, cuando en realidad se han prolongado durante meses y han puesto en riesgo a miles de mujeres". El Grupo Popular también aludió a una supuesta "absoluta falta de ejemplaridad" del Ejecutivo en el Estado español, comprometiendo gravemente su credibilidad. La moción exigía reprobar a la ministra de Igualdad como "máxima responsable política de la gestión negligente del sistema Cometa y de la desprotección de miles de mujeres", así como la contratación inmediata de una auditoría externa sobre el contrato, funcionamiento y fiabilidad del sistema.
De especial relevancia para la provincia de Almería, la iniciativa instaba al Ministerio de Igualdad y al Ministerio del Interior a publicar "de manera inmediata y detallada todos los datos relativos a los fallos del sistema que han tenido incidencia directa en la provincia de Almería, incluyendo el número de víctimas afectadas en la provincia de Almería, el número de procedimientos judiciales alterados o sobreseídos en la provincia de Almería, tipología de fallos detectados, localización, cobertura, manipulación de dispositivos, duración real de las incidencias y protocolos de respuesta activados".
Podemos a la defensa del Gobierno
La respuesta del concejal Alejandro Lorenzo, de Podemos, reconoció que "se produjeron incidencias técnicas relacionadas con la migración de datos históricos" durante la transición a un nuevo proveedor del sistema COMETA en el 2023-2024. Detalló que, según la Fiscalía General del Estado, un fallo en el volcado de datos al cambiar de la anterior adjudicataria a Vodafone provocó que "durante unos meses no se pudieran consultar los movimientos de los agresores anteriores al 20 de marzo del año 24".
Sin embargo, el concejal aseguró que "dicha anomalía fue acotada en el tiempo, duró unos meses a inicios del 24 y se subsanó, una vez completada la migración, el 20 de marzo del 24". Afirmó que la propia Fiscalía confirma que en el 2025 "no se ha producido ninguna incidencia similar, lo que indica que el problema técnico, al parecer, está resuelto". Pese a que la Fiscalía habló de una "potencial desprotección", el señor Lorenzo subrayó que los dispositivos "siguieron funcionando en tiempo real" y que la unidad de violencia sobre la mujer de la Fiscalía "ha subrayado que los problemas fueron puntuales y circunscritos a la migración de datos, añadiendo expresamente que las víctimas estuvieron protegidas en todo momento porque los dispositivos funcionaron".
Lorenzo tildó de "exagerada, por no decir un bulo directamente" la afirmación de que los fallos pusieran en riesgo la vida de miles de mujeres. En su intervención, denunció la proliferación de "bulos" y la alusión a supuestos escándalos sexuales del entorno gubernamental, calificándola de "maniobra bastante repugnante de distracción" en un tema tan importante.
Posiciones de Vox y el Grupo Socialista
El concejal Juan Francisco Rojas, de Vox, manifestó un apoyo a la reprobación y a la auditoría, aludiendo a que cuando un sistema de protección como COMETA falla, "falla el Estado ante las víctimas". El concejal criticó la gestión del Gobierno, citando declaraciones de la ministra que, según él, minimizaban la gravedad de los hechos, y recordó que "los jueces alertaron en mayo de los problemas con las pulseras. La propia memoria de la Fiscalía del año pasado también alertó de los problemas con las pulseras". La posición del grupo fue favorable a la moción, exigiendo la "prisión permanente revisable" para asesinos y violadores.
Por su parte, la concejal socialista Carmen Aguilar, tras apoyar los argumentos del señor Lorenzo, defendió que el sistema fue instaurado en 2009 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Aguilar trasladó un mensaje de "tranquilidad" a los almerienses, afirmando que el sistema "ha sido corregido, subsanado y hoy en día el sistema funciona correctamente", garantizando la seguridad de las mujeres. Asimismo, ofreció disculpas "en nombre también del Grupo Socialista en este ayuntamiento" por las "incidencias puntuales técnicas" en la migración de datos. La concejal reiteró que la Fiscalía confirma que "en 2025 ya no hay ningún fallo y el sistema funciona correctamente".
Aguilar rechazó la reprobación propuesta por el Partido Popular y criticó a Vox por "negar la violencia de género" y querer "derogar la ley orgánica de violencia de género". A la bancada del Partido Popular le recriminó "venir a este pleno por un error de una incidencia técnica en la migración de un contrato a darnos lecciones" y la alusión a "bulos" en el contenido de la moción. Finalmente, la concejal hizo un llamamiento a los municipios de la provincia, presididos por alcaldes y alcaldesas del Partido Popular, que aún "no están acogidos al sistema de abiogen", a que se sumen a él para "garantizar y ayudar a las mujeres que sufren violencia de género".