Confieso una perplejidad creciente. No logro entender el frenesí político de ciertos partidos, singularmente el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, para forzar al Gobierno central a presentar un nuevo proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Desde su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, hasta el último cargo provincial, la exigencia suena a imperativo constitucional. Pero, ¿y si les digo que yo, sinceramente, preferiría que el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) no solo no los presentase, sino que se dedicase a prorrogar los actuales sine die? Sí, puede sonar a sarcasmo de barra de bar, pero tras un repaso a la hemeroteca de las inversiones prometidas y no ejecutadas, la idea cobra un inquietante sentido común.
La aritmética parlamentaria de la que depende el actual Gobierno, con el presidente Sánchez a la cabeza del PSOE, es una criatura aún más precaria que aquella que parió las últimas cuentas aprobadas.
Recordemos la gestación de los presupuestos pasados, donde el Ejecutivo central tuvo que hacer piruetas y concesiones que sonrojarían al mismísimo Mago Houdini para satisfacer las apetencias de los nacionalsimos del norte. Los apoyos clave del PNV y de los partidos independentistas catalanes (como ERC y Junts) siempre vienen con un coste territorial explícito. Un coste que, históricamente, se traduce en privilegios e inversiones rápidas para el País Vasco y Cataluña, mientras que la Comunidad Autónoma de Andalucía, y nuestra provincia de Almería en particular, se queda en la casilla de salida, con el bombo de la lotería girando para un décimo que nunca sale premiado.
Si para aprobar las cuentas anteriores hubo que ceder tanto a los llamados "territorios prioritarios", ¿qué no ocurrirá ahora, cuando la dependencia de Sánchez de esos mismos socios es incluso mayor? Cualquier nuevo proyecto de ley de PGE que salga de esa coctelera de pactos se adivina como un despropósito aún más perjudicial para los intereses de Almería y Andalucía.
El caso más paradigmático de la desidia inversora del Estado es nuestra sempiterna condena ferroviaria.
Mientras el Gobierno central (vía ADIF) contempla invertir en reducir el tiempo de viaje en tren entre Madrid y Barcelona (una conexión ya de por sí excelente), en la provincia de Almería seguimos asistiendo a un espectáculo bochornoso. Los trenes convencionales son una antigualla tercermundista y el Tren de Alta Velocidad (al que malamente llamamos AVE) se ha convertido en una broma pesada de calendario.
La conexión Almería-Murcia del Corredor Mediterráneo es la eterna obra en curso. En los PGE de 2022, se consignaron 251,1 millones de euros y en 2023, 480,2 millones para el tramo Almería-Murcia. Cifras que, sobre el papel, nos colocaban entre las provincias andaluzas más beneficiadas en infraestructuras, pero cuya ejecución real se ha demostrado ser ridículamente baja, con porcentajes que en años anteriores no alcanzaron ni el 5% de lo presupuestado, según informes. El AVE a Almería se ha ido retrasando oficialmente, barajándose como fecha de conclusión el año 2026 o incluso más allá, un horizonte que se siente tan lejano como Marte.
Pero el dinero está garantizado gracias a que es una inversión plurianual, inscrita en los sucesivos presupuestos prorrogados (y porque el dinero viene de Europa, ojo) ¿pero y si no hay prórroga y catalanes y vascos "aprietan"?
Y luego está el Aeropuerto de Almería , ese niño que no le dejan crecer. A pesar de haber cerrado el último año completo con más de 786.000 pasajeros (cifras de 2024), con el tráfico internacional como principal motor de crecimiento y una ocupación en muchos vuelos que roza el 100%, la inversión en nuevas rutas y la expansión de líneas no llega. Las conexiones se estancan y se mantienen bajo el yugo de una planificación centralizada que parece empeñada en no dejar despegar una infraestructura vital para el turismo y la economía almeriense. Los datos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de la propia provincia muestran que, aunque el tráfico crezca (más de 70.000 pasajeros solo en octubre de 2025, según AENA), la falta de ambición en la expansión de rutas es un lastre constante.
El argumento es simple: si los presupuestos vigentes (que fueron aprobados con ingentes concesiones a los nacionalistas) ya se traducen en una ejecución ridícula de las inversiones cruciales para Almería, y en un eterno abandono ferroviario y aeroportuario, ¿qué cabe esperar de unas cuentas nuevas, negociadas con una debilidad aún mayor ante los socios de Gobierno?
El miedo es que un nuevo paquete de PGE solo sirva para comprar el voto de unos pocos a costa del castigo inversor al resto. Si los actuales ya son perniciosos, los futuros, bajo más presión secesionista, serán un desastre garantizado para la provincia de Almería y la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Así que, sí. Que se prorroguen las cuentas. Que el Estado mantenga lo que ya teníamos prometido (y que ojalá se dignen a ejecutar de una vez) y que se ahorren el trago de ver cómo se privilegia a otros en el Congreso de los Diputados mientras a nosotros nos dan, una vez más, papel mojado. Por una vez, la inacción podría ser la mejor acción para esta provincia.
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