La Audiencia Provincial de Almería ha dictado una severa pena de seis años y nueve meses de prisión contra una mujer que urdió una trama de engaños masivos a través de internet, haciéndose pasar por gestora de protectoras de animales. La procesada llegó a perjudicar a más de una treintena de ciudadanos de todo el país que buscaban adoptar una mascota de buena fe, utilizándolos para enriquecerse de forma ilícita mientras mantenía a los ejemplares en un estado de desamparo e insalubridad absoluto.
El dictamen judicial desglosa el castigo en cuatro años y nueve meses por un delito continuado de estafa, sumando otros dos años de reclusión por maltrato animal. Este último cargo responde al escenario hallado en un pequeño piso de Roquetas de Mar, donde la condenada hacinaba a los perros y gatos en condiciones calificadas como deplorables por el tribunal. Además del internamiento en el centro penitenciario, la resolución judicial le prohíbe la tenencia o cualquier actividad comercial vinculada con animales durante un periodo de cuatro años, obligándola simultáneamente a indemnizar a las víctimas con un montante global que supera los 63.700 euros.
El modus operandi de la implicada se basaba en la promoción de perfiles falsos en redes sociales dedicados a la supuesta protección de animales desamparados. A través de estas plataformas, captaba a personas interesadas a las que solicitaba un abono medio de 250 euros por ejemplar, bajo el pretexto de costear gestiones de vacunación y regularización documental. Sin embargo, en una gran parte de las ocasiones, la mujer se apropiaba del dinero sin llegar a enviar la mascota. Cuando sí completaba la entrega, los animales solían portar patologías graves derivadas del hacinamiento y la total ausencia de cuidados preventivos. De hecho, el tribunal constató el fallecimiento por parvovirus de al menos ocho cachorros a los pocos días de llegar a sus nuevos hogares.
La gravedad del engaño obligó a muchos de los adoptantes a realizar largos desplazamientos por carretera o a asumir costosas facturas clínicas para intentar salvar la vida de los cachorros, sufriendo además un fuerte impacto emocional por el que recibirán compensaciones por daños morales de hasta 6.000 euros en los casos más severos. La actividad de la procesada se prolongó incluso después de ser arrestada a principios de 2025, lo que motivó que la justicia decretara su ingreso en prisión provisional a mediados del año pasado para evitar la reiteración delictiva.
Por otra parte, la Audiencia ha absuelto a un segundo implicado en la causa que recibía transferencias de la principal acusada. Los magistrados determinaron que este hombre, quien facilitó su cuenta corriente debido a que la mujer carecía de ella en España por motivos de nacionalidad, operaba bajo un total desconocimiento de las actividades delictivas de su conocida y era completamente ajeno a la red de estafas. Frente a este fallo judicial todavía es posible interponer recurso de apelación.
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