El secretario de Estado de Memoria Democrática, el almeriense Fernando Martínez (PSOE), dedicará diez veces más dinero a conmemorar el fallecimiento en la tranquilidad de su cama del dictador Francisco Franco, que a exhumar los cuerpos de su víctimas que aún están en fosas comunes, según los datos contrastados por Noticias de Almería.
A pesar de que España funciona con los Presupuestos Generales del Estado prorrogados —al no haber presentado el Gobierno de Pedro Sánchez un nuevo proyecto ante las Cortes, consciente de su probable derrota parlamentaria—, las prioridades del Ejecutivo en materia de memoria histórica han levantado ampollas, especialmente entre los colectivos de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.
En los presupuestos prorrogados de 2024, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática —integrada en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de Ángel Víctor Torres— contempla una línea de financiación de apenas 2 millones de euros destinada a la localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura. Otra partida menor, repartida entre las otras dos líneas, va dirigida a actividades de divulgación y dignificación de lugares de enterramiento.
Frente a esa cifra, el mismo Gobierno ha anunciado que a lo largo de 2025 se celebrarán cerca de un centenar de actos por toda España con motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, fallecido el 20 de noviembre de 1975. Bajo el lema “50 años de España en libertad”, se prevé un presupuesto de 20 millones de euros para organizar estos fastos, una cifra que multiplica por diez los fondos destinados a las exhumaciones.
La decisión ha sido duramente criticada desde distintos sectores ideológicos. Numerosos historiadores e intelectuales, tanto de derechas como de izquierdas, han subrayado que la muerte de Franco no implicó automáticamente la llegada de la libertad, sino que fue la Transición la que sentó las bases democráticas del país. Consideran, por tanto, que esta conmemoración incurre en una simplificación peligrosa de la historia.
JUNTA DE ANDALUCÍA
A todo esto se suma la gestión desigual que se está haciendo desde las comunidades autónomas. La Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Popular desde enero de 2019, ha exhumado hasta la fecha un total de 2.659 víctimas, y ha realizado pruebas de ADN a 3.646 familiares. Solo en el año 2024, se exhumaron 300 cuerpos y se llevaron a cabo 564 análisis genéticos de víctimas y 516 de familiares, cifras que superan los resultados obtenidos por el último gobierno socialista en Andalucía en toda su legislatura.
El contraste es evidente: mientras las familias siguen esperando que se rescaten los restos de sus seres queridos de fosas comunes repartidas por toda España, el Gobierno del Estado parece más interesado en montar una gran celebración simbólica que en cerrar las heridas reales que aún siguen abiertas.
Una paradoja especialmente dolorosa para muchas familias que siguen sin saber dónde están sus abuelos, padres o tíos, y que ven cómo el responsable al frente de la memoria democrática prioriza el escaparate político frente a la justicia histórica.
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