El fraude eléctrico no solo afecta a las empresas suministradoras, sino que sus consecuencias negativas se extienden a toda la sociedad. Este problema repercute en la factura de los consumidores, provoca cortes de suministro en áreas con alta concentración de fraude, como las relacionadas con cultivos de marihuana ‘indoor’, y reduce la recaudación fiscal del Estado. Además, representa un grave riesgo para la seguridad y la integridad física de las personas, ya que puede causar incendios en viviendas y electrocuciones debido a manipulaciones ilícitas de las instalaciones eléctricas.
En Andalucía, una de las comunidades más afectadas por este fenómeno, los datos de 2023 son especialmente preocupantes. En Jaén, la energía eléctrica defraudada aumentó un 36% respecto al año anterior, mientras que el fraude vinculado a la marihuana creció un 56%. En Granada, estos incrementos fueron del 20% y 54%, respectivamente. Sin embargo, en provincias como Sevilla y Almería, los aumentos alcanzaron el 65% y 90%, respectivamente.
Las plantaciones de marihuana representan el mayor porcentaje de la energía defraudada detectada. Según las empresas suministradoras de energía eléctrica, en los últimos cinco años, los casos de manipulación de instalaciones eléctricas han crecido un 35%, mientras que los relacionados con plantaciones de marihuana casi un 70%. Este preocupante crecimiento ha ido acompañado de una profesionalización de esta actividad fraudulenta, que genera importantes perjuicios económicos y sociales para la ciudadanía y pone en riesgo la seguridad de las personas, especialmente en los llamados ‘narcopisos’ y ‘narcocasas de lujo’.
Estos inmuebles, que proliferan en barrios de diversas ciudades y localidades españolas, pueden dejar sin luz a todo el vecindario, con las consecuencias que esto conlleva para los residentes, quienes no solo se ven privados de un suministro básico, sino que también sufren la inseguridad derivada de una actividad criminal convertida en un negocio lucrativo de rápidos beneficios.
Casos especialmente graves se han registrado en Cádiz, donde el fraude asociado a las plantaciones de marihuana aumentó un 193%, en Málaga un 200% y en Huelva un 160%.
En 2023, se desmantelaron en las ocho provincias andaluzas una media de 40 fraudes a la semana, una práctica que supone una grave amenaza para la seguridad de las personas y genera importantes perjuicios para la sociedad en su conjunto. Las estimaciones indican que el fraude eléctrico cuesta a los consumidores españoles más de 2.000 millones de euros al año, lo que equivale a 69 euros anuales por cada punto de suministro.