La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado un Auto clave que obliga al Juzgado de Instrucción número 5 de Almería a continuar con la investigación de un presunto delito de estafa, resolviendo una cuestión de competencia negativa que había paralizado el caso. La decisión, plasmada en el Auto núm. 22.077/2025 del 9 de octubre de 2025, determina que las diligencias previas deben seguir su curso en la provincia, al ser el punto donde se concentraron los elementos esenciales del delito.
El procedimiento se inició a raíz de una denuncia presentada el 19 de octubre de 2024 en la Comisaría de Almería. Según los hechos, una persona, residente en el partido judicial, se interesó por un anuncio de venta de un vehículo publicado en FACEBOOK. Tras llegar a un acuerdo, realizó una primera entrega de 1.300 euros en concepto de reserva, seguida de un segundo pago de 1.596 euros por IVA, sumando un total de 2.896 euros. La comunicación con los presuntos estafadores cesó cuando le solicitaron una tercera entrega de capital, a la que la víctima se negó.
CUENTA BANCARIA
Las diligencias de investigación subsiguientes en el Juzgado de Instrucción número 5 de Almería (Diligencias Previas n.º 2306/2024) lograron identificar la cuenta bancaria donde se ingresaron los fondos, que correspondía a una persona con domicilio en Gijón. Basándose en este dato, el juzgado de Almería dictó un auto el 3 de diciembre de 2024 inhibiéndose a favor del Juzgado de Instrucción número 3 de Gijón. El argumento principal era que el engaño o la manipulación informática se habrían producido presuntamente desde el domicilio del investigado, restando importancia a la residencia de la víctima en Almería.
Sin embargo, el Juzgado de Instrucción número 3 de Gijón (Diligencias Previas n.º 273/2025) rechazó la inhibición el 30 de enero de 2025, iniciando la cuestión de competencia negativa. El juzgado asturiano sostuvo que el caso debía resolverse aplicando el principio de ubicuidad.
El Ministerio Fiscal, en un escrito presentado el 24 de julio de 2025, se alineó con la postura de Gijón, argumentando que la competencia debía recaer en el juzgado de Almería por ser el primero en intervenir. El Fiscal fundamentó su dictamen en la "teoría de la ubicuidad", conforme a la cual el delito de estafa se entiende cometido en todos los lugares donde se haya desarrollado cualquier elemento del tipo. Además, destacó que, dado que en el presente caso se encontraban identificados tanto el denunciante como la persona denunciada, y no se apreciaba una instrucción compleja, debía primar el criterio de la intervención inicial.
Finalmente, el Tribunal Supremo, ha confirmado esta tesis. En sus Fundamentos de Derecho, la Sala subraya que el delito de estafa se considera cometido en todos los lugares donde se hayan desarrollado acciones como el engaño, el desplazamiento patrimonial, el perjuicio económico o donde la víctima haya percibido la estafa. Dado que en Almería se desarrollaron los hechos objeto de la investigación, incluyendo "la percepción del engaño, el desplazamiento económico", y fue el juzgado que conoció de los hechos inicialmente, se le atribuye la competencia para el conocimiento de la causa. Con esta resolución, se cierra la disputa y el Juzgado de Instrucción número 5 de Almería debe retomar las Diligencias Previas n.º 2306/2024.
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