Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han procedido a la detención del presidente de la Diputación de Almería, Javier A. García, el vicepresidente de la institución, Fernando Giménez, y el alcalde de la localidad almeriense de Fines, Rodrigo Sánchez. Los tres miembros del Partido Popular ya se encontraban bajo investigación judicial en el marco del conocido como caso Mascarillas, que indaga sobre presuntas comisiones ilegales en contratos de suministro de material sanitario adjudicados por la Diputación durante la pandemia.
Fruto de aquello fue la detención de Óscar Liria, vicepresidente que fue destituido de modo inmediato por el presidente, y que tras un periodo bajo arresto, fue puesto en libertad. Hace menos de un año, Giménez prestó declaración como investigado en la Ciudad de la Justicia en el marco de este mismo caso, si que se tomaran medidas cautelares contra él.
Hace dos semanas el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería que instruye el asunto, decretó una ampliación del periodo de investigación de seis meses más.
Fuentes próximas a la investigación han confirmado que, aunque los detenidos estaban siendo investigados por el caso Mascarillas, las detenciones se extienden más allá de este y se relacionan con un abanico más amplio de adjudicaciones de contratos públicos. El caso está siendo instruido por el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, y se ha confirmado que durante la mañana de la jornada se están llevando a cabo diversos registros en diferentes domicilios de la provincia.
La causa inicial, el caso Mascarillas, se centra en dilucidar si pudieron concurrir indicios de delitos como prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, exacciones ilegales o negociaciones prohibidas en la tramitación de un contrato valorado en 2,03 millones de euros.
El Partido Socialista, que ejerce la acusación popular en esta causa, había solicitado a principios de noviembre que se realizara un llamamiento a declarar como testigo al presidente provincial, Javier A. García, en su condición de máximo responsable por la firma del contrato público origen de la investigación. La formación política basó esta solicitud en la presunta falta de concordancia entre las declaraciones de los testigos y los investigados, así como en los nuevos datos recogidos en un atestado de la UCO fechado el 25 de abril.
En su escrito, el PSOE buscaba esclarecer cuándo, cómo y quién tuvo conocimiento de las negociaciones y adjudicaciones investigadas. Además, pedían a la Diputación que aportara la relación de asesores del presidente entre marzo de 2020 y marzo de 2022. La solicitud incluía comunicaciones de un grupo de mensajería denominado 'Naranjito', donde, según el escrito, el presidente García habría mantenido un intercambio de mensajes con el anterior diputado Óscar Liria Sánchez, que fue uno de los primeros detenidos en el caso. En una de estas comunicaciones, reproducida textualmente en el documento socialista, García le dice a Liria: “Óscar, ¡hay que ver la que tienes liada con las mascarillas! (…) ¡calla ya!”. La acusación popular consideraba que esta conversación ponía de manifiesto un conocimiento directo de los hechos y solicitó su incorporación íntegra a la causa.
En ese sentido hay que recordar que preguntado sobre ese punto en al Comisión de Investigación del Congreso, García se aseguró que era por la insistencia de Liria en el proceso de compra de mascarillas, y por los problemas que posteriormente generó, ya que una parte no ser recibió como se especificaba en el contrato y se produjo una reclamación a la empresa, aspecto que acabó en el Consejo Consultivo dando la razón a la Diputación.
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