El Pleno del Ayuntamiento de Almería debatió una moción presentada por el Grupo Municipal Podemos que solicitaba al Consistorio posicionarse en contra de las llamadas "empresas desokupa" y utilizar todos los medios a su alcance para prevenir su actuación en la ciudad.
El concejal de Podemos, Alejandro Lorenzo, defendió la moción alertando sobre la proliferación de estas empresas y su modo de actuar. "No son sino empresas paramilitares que utilizan la coacción, la intimidación y la amenaza para desalojar a personas en situación de vulnerabilidad de viviendas que llevan tiempo deshabitadas, la mayoría de ellas propiedad de bancos o de grandes fondos de inversión", afirmó Lorenzo.
El edil acusó a estas empresas de aprovechar la "criminalización de la ocupación" que, a su juicio, se realiza desde ciertos sectores políticos, y advirtió que su actividad excede el marco legal, pues la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que solo los juzgados tienen potestad para ordenar y ejecutar desalojos. Lorenzo instó al Ayuntamiento a dejar claro que "no se puede hacer negocio con la intimidación y la amenaza", y pidió al Pleno "defender el derecho a la vivienda y no a la coacción".
El concejal de Vox, Martín de los Reyes, intervino para posicionarse radicalmente en contra de la moción, defendiendo la labor de estas empresas. De los Reyes sostuvo que la necesidad de las "empresas desokupa" surge de una "ausencia de ley" que proteja la propiedad privada y de la "lentitud" de la justicia para los propietarios que sufren una ocupación.
El edil de Vox calificó la moción de Podemos como "un ataque contra la propiedad privada" y acusó al proponente de defender la ocupación, un fenómeno que, según él, genera "inseguridad y alarma social" y es apoyado por "el mismo partido que está en contra de que los okupas entren en tu casa". De los Reyes defendió que estas empresas ofrecen un "servicio necesario" ante la "incapacidad del Estado" para garantizar la seguridad jurídica de los propietarios.
Por su parte, el concejal del Grupo Socialista, Raúl Enríquez, explicó que su partido está en contra de cualquier ilegalidad, tanto de la usurpación de una vivienda como de las amenazas o coacciones para desocuparlas. Enríquez coincidió en la necesidad de garantizar el derecho a la vivienda, pero también la seguridad jurídica de los propietarios. Sin embargo, el edil del PSOE se centró en la problemática legal de estas empresas, que "se toman la justicia por su mano" y actúan con prácticas que "rozan la coacción y la ilegalidad". Enríquez destacó que el problema de la ocupación es complejo y requiere soluciones públicas, no privadas que empleen la intimidación.
Finalmente, la concejal del Equipo de Gobierno del Partido Popular, Eloísa Cabrera, anunció el voto en contra de la moción, argumentando una clara falta de competencias por parte del Ayuntamiento de Almería en esta materia.
Cabrera afirmó que el fenómeno de la ocupación es un problema estatal que genera una "gran inseguridad" en los propietarios y vecinos, pero que las posibles acciones de estas empresas "desokupa" y sus consecuencias legales "son objeto de la autoridad judicial y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".1 La concejal del PP indicó que el Ayuntamiento no tiene potestad legal para "prohibir" o "regular" la actividad de empresas privadas que no contravengan ordenanzas municipales, y que cualquier denuncia sobre coacciones o ilegalidades debe ser tramitada directamente ante la Policía Nacional o los juzgados.
Cabrera reafirmó el compromiso del Partido Popular con la defensa de la propiedad privada y criticó al Gobierno de la nación por no haber aprobado leyes más efectivas que agilicen los desalojos, concluyendo que la moción es una "declaración de intenciones" sin sustento competencial para el ámbito municipal
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