Los recientes cacheos realizados en la cárcel de Brieva, donde se encuentra Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz en 2018, no han logrado hasta ahora detectar ningún teléfono móvil. Esta información fue confirmada por el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, durante una atención a los medios en la Feria de Sevilla.
Fernández respondió a las preguntas de los periodistas sobre la rueda de prensa que ofreció Patricia Ramírez, madre del pequeño asesinado, en Almería. En su intervención, el delegado mencionó las diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción número 4 de Ávila, donde se investiga si empleados de la prisión facilitaron teléfonos móviles a Quezada a cambio de favores sexuales.
Investigaciones en curso
El representante gubernamental expresó su "solidaridad, apoyo y cariño" hacia Patricia Ramírez, quien ha vivido circunstancias trágicas tras el "asesinato de su hijo", un hecho que ha dejado a la sociedad "absolutamente consternada y traumatizada". Además, aclaró que ya se han llevado a cabo reuniones con el secretario de Estado de Seguridad y el secretario general de Instituciones Penitenciarias para abordar esta situación.
Fernández también confirmó que existe una investigación judicial abierta en Ávila para determinar si ha habido algún tipo de comunicación telefónica desde la prisión hacia Patricia Ramírez, tras sus denuncias sobre amenazas. Sin embargo, enfatizó que "no hay constancia en este momento" sobre la existencia de un teléfono móvil relacionado con estos hechos.
Colaboración con las autoridades
El delegado del Gobierno añadió que hay una investigación administrativa paralela para averiguar si algún funcionario penitenciario pudo haber colaborado con Quezada facilitándole un dispositivo móvil. Esta indagación está actualmente suspendida debido a la apertura de la investigación judicial.
A pesar de los esfuerzos realizados, Fernández aseguró que "Instituciones Penitenciarias no tiene registro" alguno sobre la aparición de teléfonos móviles durante los cacheos ordinarios. No obstante, reiteró que el asunto sigue bajo investigación.
En respuesta a las inquietudes planteadas por los periodistas, el delegado afirmó que el Gobierno está dispuesto a mantener cuantas reuniones sean necesarias con Patricia Ramírez y destacó que ya se han realizado encuentros con altos funcionarios del ámbito de seguridad. Además, mencionó que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha expresado su solidaridad y apoyo hacia ella.
Compromiso con la verdad
Finalmente, Fernández subrayó que todo el procedimiento está actualmente judicializado bajo la supervisión de un juez y que todas las investigaciones están abiertas. Aseguró que existe una total disposición por parte del Ministerio del Interior para esclarecer los hechos y llegar al fondo del asunto. "Hay que estar atento a esa investigación judicial", concluyó el delegado del Gobierno.
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